En la fundamentación del proyecto de ley, Borges sostuvo que la figura de «orden público interno» permite incluir las tareas policiales entre las atribuciones constitucionales de las fuerzas armadas.
El Ministerio de Defensa, por su parte, divulgó ayer una nota en la que afirma que participó activamente de la redacción del proyecto que, sostuvo, «no altera la misión constitucional de las fuerzas armadas».
«El proyecto fue ampliamente discutido con los comandos de las fuerzas armadas y los miembros del Congreso, y representa un significativo paso para proporcionar a las FF.AA. del necesario respaldo jurídico a su actuación», sostiene la nota. El nuevo proyecto, agrega el ministerio, «representa un incremento sustancial del apoyo de las fuerzas armadas a los esfuerzos del combate al crimen, en especial, a los delitos transnacionales fronterizos, con sus repercusiones en los grandes centros urbanos».
El texto, que básicamente pone en la mira al narcotráfico, autoriza al presidente de la República a enviar efectivos de cualquier fuerza militar
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