El Parlamento de Cataluña aprobó una propuesta para celebrar una consulta sobre la independencia de la región respecto de España, que pedirá a la población que decida "libre y democráticamente su futuro colectivo".
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Inmediatamente, el Gobierno español recordó que la convocatoria de un eventual referendo tiene que ser autorizado por el Estado.
Si se hiciera una convocatoria recurriendo a la ley catalana, el Gobierno español podría pedir al Tribunal Constitucional dejarla sin efecto, señaló la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
La "número dos" del Ejecutivo recordó, al ser preguntada sobre ese asunto en una conferencia de prensa, que esa convocatoria afectaría "al conjunto de todos los españoles", por lo que la consulta tendría que ser a todo el país.
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