La Audiencia Nacional española emitió el viernes órdenes de busca y captura contra el cesado presidente catalán Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros de su gobierno regional, que ahora se encuentran en Bélgica y no comparecieron a su citación en el tribunal.
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Los exdirigentes catalanes están investigados por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos, al igual que otros nueve exconsejeros que fueron enviados por la juez Carmen Lamela a prisión provisional incondicional, menos uno que pudo salir libre tras depositar una fianza.
El dictamen judicial añadió, asimismo, los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación, al tiempo que rechazó la petición de Puigdemont y sus colaboradores para prestar declaración por videoconferencia.
En una entrevista a la televisión pública belga, Puigdemont dijo que está dispuesto "a ser candidato" en las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre. "Es posible llevar adelante una campaña desde cualquier lugar", indicó en una entrevista al canal RTBF.
El depuesto líder catalán reiteró su disponibilidad a colaborar con las autoridades judiciales belgas, aunque señaló que, en su opinión, la justicia española se ha politizado.
"No huyo de la justicia. Iré a las autoridades judiciales, pero a las auténticas", dijo Puigdemont en la entrevista.
Las medidas dictadas por la juez Lamela amenazan con enquistar aún más la peor crisis institucional que vive España en sus 40 años de democracia, mientras Cataluña se prepara para las elecciones convocadas por el Gobierno central tras aplicar medidas de intervención extraordinarias en el territorio.
Los delitos por los que se investiga a los 14 miembros del gobierno catalán podrían acarrear condenas conjuntas de hasta 50 años de cárcel, según señalan las argumentaciones judiciales.
En una breve declaración emitida por la televisión catalana TV3, en la que se presentó como "presidente legítimo", Puigdemont pidió la liberación de los encarcelados.
Asimismo, afirmó que está denunciando la situación de Cataluña ante la comunidad internacional y que no acudió al tribunal porque "el clima no era el adecuado", según su abogado.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, defendió las medidas cautelares impuestas a los exconsejeros catalanes por el riesgo de fuga, la posible destrucción de pruebas y para impedir.
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