Choques entre manifestantes y carabineros, detenciones y
máximo control policial frente al Palacio de La Moneda fueron
las postales del martes en Santiago. Pero todas las prevenciones
resultaron inútiles ante la violencia de las manifestaciones
en repudio al golpe de 1973.
Santiago (AFP, ANSA) -Un efectivo de Carabineros murió ayer a la madrugada de un balazo en la cabeza y otros 45 resultaron heridos en la periferia de la capital chilena, donde la conmemoración del 34º aniversario del golpe militar de 1973 derivó en violentos episodios que se saldaron con unos 200 detenidos y un sentimiento de conmoción política.
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En una de las jornadas más agresivas desde el retorno a la democracia en 1990, la policía se vio superada durante la noche del martes por el ataque de los manifestantes y el uso de armas, algunas de alto poder, entre ellas, una metralleta M-16. Los grupos estaban integrados en su mayoría por delincuentes, quienes también saquearon negocios y escuelas, destruyeron semáforos y causaron cortes en el suministro eléctrico que dejaron sin energía a unos 147.000 hogares, según voceros de la empresa distribuidora Chilectra. De los 304 arrestados, 62 menores de edad, muchos portaban bombas incendiarias y armas de fuego en sus bolsos, según la versión dada ayer por la policía.
El día ya había tenido momentos de tensión, a raíz de la prohibición del gobierno de Michelle Bachelet a que los manifestantes se acercaran al palacio presidencial de La Moneda, como se suele hacer todos los años, para recordar al presidente destituido en 1973, Salvador Allende.
Bachelet condenó ayer los actos de violencia, destrozos y saqueo en la noche del 11 de setiembre, y expresó sus condolencias a la familia del cabo que murió por el impacto de una bala de grueso calibre que atravesó el casco y le destrozó el cráneo. La mandataria definió como «inaceptables» las acciones de violencia que, dijo, no tienen relación con la conmemoración de una «fecha trágica como es el 11 de setiembre».
Heridos
La mandataria concurrió al Hospital de Carabineros para informarse de la situación de los policías heridos, nueve de los cuales se encontraban en estado crítico, cuatro con impactos de bala y uno por ácido arrojado a su rostro.
El director de esa fuerza policial militarizada, general Alejandro Bernales, dijo: «Hacía muchos años que no moría un carabinero en estas condiciones; por lo tanto, espero que los que organizaron, los que llamaron a esta jornada en la noche se responsabilicen». «Matar a un carabinero es matar el Derecho, es matar un país», afirmó.
El ministro secretario general de Gobierno, Ricardo Lagos Weber, declaró que lo sucedido «fue lisa y llanamente delincuencia pura y dura». «El gobierno va a usar todos, y cuando digo todos son todos los instrumentos a nuestro alcance, para anticiparnos a hechos de esta naturaleza en el futuro, perseguir a los responsables no solamente del asesinato del cabo Cristián Vera, sino también a los responsables por los otros carabineros heridos y por la destrucción de luminarias y bienes públicos y privados», advirtió. Una de las herramientas podría ser el uso de fiscales especiales para investigar lo sucedido.
En el Parlamento, la oposición derechista habló de falta de prolijidad y dedicación suficiente del gobierno para controlar este tipo de acciones. El presidente del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), Hernán Larraín, afirmó que el gobierno sólo se preocupó de proteger la sede presidencial «dejando absolutamente abandonada a las poblaciones».
Sitiados
«Sólo se protegen a sí mismos hoy, sólo se protege a La Moneda y los alrededores de la Casa de Palacio, pero la gente común, los chilenos hoy día están sitiados por la violencia en sus hogares; es realmente algo brutal, difícil de creer el nivel de delincuencia y de impunidad a que está llegando el país», acusó.
La senadora del Partido Demócrata Cristiana, Soledad Alvear, parte de la coalición gobernante, replicó que la gran cantidad de policías desplegada en la capital demuestra la preocupación oficial por la seguridad de la población.
Parlamentarios del Partido Por la Democracia (PPD), también oficialista, anunciaron que pedirán un fiscal con dedicación exclusiva para analizar la muerte del agente policial y todo lo sucedido en el aniversario del golpe.
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