En varios de los más importantes estados de Brasil, como San Pablo y Rio de Janeiro, la protesta sólo fue respaldada por puñados de empleados públicos, que además cumplieron con la paralización solamente durante unas horas.
Pese a ese escaso apoyo, la convocatoria sí fue seguida por algunos sindicatos estratégicos, como la Federación Nacional de la Policía Federal, que ayer informó que la huelga era respaldada por los efectivos de ese cuerpo en los 27 estados del país.
El gobierno de Lula, un ex líder sindical, dijo que la paralización no cambiará sus planes de reforma del oneroso sistema de pensiones públicas, que este año provocaría al Estado un déficit de 18.300 millones de dólares, más de 4% del Producto Bruto Interno. Pese a ello, el mandatario, quien asumió en enero, aclaró que respetaba el derecho de los trabajadores a manifestarse. «La huelga es un derecho universal de los trabajadores», dijo a periodistas. El mandatario desestimó además que la huelga afecte las votaciones que debe realizar el Congreso para probar la reforma, declarada prioridad por el gobierno. «Interferiría si los diputados hicieran huelga», ironizó Lula.
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