El peligro del absolutismo ejecutivo

Hace algunos años, en 1992, el pensador francés Jean François Revel manifestaba abiertamente su preocupación acerca de un fenómeno que entonces crecía en su propio país, advirtiendo azorado a sus conciudadanos cómo el Poder Ejecutivo galo se había transformado casi en omnipotente, concentrando lo sustancial del poder en su derredor, pese a lo cual estaba empantanado en una enorme ineficacia operativa. Aprovechando que el Poder Legislativo le era sumiso en extremo, el Ejecutivo logró que le delegara algunas de sus funciones esenciales. Al hacer esto, invocando razones de eficiencia, los legisladores perdieron la posibilidad de controlar u oponerse al Poder Ejecutivo, que comenzó a gobernar en el marco del voluntarismo -cuando no del capricho-recurriendo (I) al abuso de la comunicación, concertando alianzas poco republicanas con los medios; y (II) a vivir con un exceso de gasto público con el que se alimentó un creciente populismo.

Quince años después, Nicolas Lecaussin, en un libro de reciente aparición, sugiere que las cosas en Francia -pese al tiempo transcurrido- no han cambiado prácticamente nada. Según Lecaussin, el Poder Ejecutivo francés opera con vocación de potestad absoluta, lo que, nos dice, es posible en el marco de una persistente y perniciosa connivencia entre quienes detentan el poder político y los titulares de los medios de comunicación masiva, circunstancia que, de cara a la sociedad, se mantiene cuidadosamente en la mayor opacidad.

Así se ha logrado monopolizar -con una mezcla de arrogancia e improvisación- hasta la política exterior francesa y asumido las más variadas facultades. Lo que naturalmente conduce al desequilibrio funcional de las instituciones democráticas que dejan de controlarse unas a otras. Aquello de los llamados «checks and balances» queda de lado, como si no tuviera importancia alguna en los esfuerzos por tratar de controlar los abusos del poder.

Justificación

La concentración de facultades en el Ejecutivo se propugna y justifica en la búsqueda de una presunta mayor eficacia operativa en la gestión de gobierno, la que -sin embargo- está, en los hechos, siempre lejos de alcanzarse. La necesidad de acumular poder se explica otras veces como inevitable al tiempo de enfrentar algunas «crisis» que por ello perduran en el tiempo y se transforman en casi interminables.

El fenómeno descripto por los pensadores franceses se ha extendido a distintos rincones de América latina, a punto tal que la señora Hillary Clinton, en un reciente debate televisivo, en Cleveland, en la campaña presidencial del país del Norte, que incluyó cuestiones de política exterior, puntualizó (en la que fuera la sola y única referencia a nuestra región) su preocupación por lo que describió como el «deterioro» de la democracia en Latinoamérica. Una de las razones más evidentes de ese «deterioro» es, precisamente, que el Poder Ejecutivo parece haber asumido el rol de un «poder principal», desequilibrando visiblemente las estructuras republicanas tradicionales, con pretensiones de ponerse -algunas veces- hasta por encima de la ley. Aquello de «princeps legibus solutus», sobre cuyos peligros nos advertían los romanos, se ha transformado así en lamentable realidad.

En ese patológico entorno, los presidentes -rodeados de fieles funcionarios que adoptan el rol de intocables- practican el clientelismo, al que transforman en instrumento central de su afán de continuidad. En su derredor, muchos empresarios y dirigentes políticos y gremiales asumen el rol servil de cortesanos complacientes, ávidos de aplaudir si con ello se aseguran sus privilegios, así como un flujo creciente de prebendas y subsidios de la más diversa naturaleza.

En semejante marco, una oposición eficaz frente al poder centralizado parece transformarse en una empresa quimérica, casi imposible, aunque no lo sea. Entre otras cosas porque, desde el autoritarismo, el discurso no sólo vitupera, sino que intenta transformar el pasado según convenga y dibujar siempre un presente color rosa, pervirtiendo los hechos y desfigurando las circunstancias cada vez que ello resulte conveniente, cualquiera sea su relación con la verdad.

Las decisiones económicas, ante la ausencia de los límites republicanos, se vuelven con frecuencia irracionales y hasta utópicas y la sociedad toda termina adoptando una actitud resignada, tomando distancia de la cosa pública y llegando, en muchos casos, a elegir la ausencia. Como si estuviera consciente de la esterilidad de sus esfuerzos y de la poca gravitación real que ella efectivamente tiene en un esquema absorbente de poder, que todo lo concentra y reserva para sí.

Alarma

Sin instituciones capaces de jugar el papel que les corresponde en el modelo republicano ocurren dos cosas, ambas alarmantes: la anemia se instala en el pensamiento político y la parálisis anula la acción independiente. Las consecuencias del fenómeno referido, que destruye el equilibrio republicano de los poderes, no son sólo de orden institucional. Según enseña la experiencia, como consecuencia del mismo se pierde también vitalidad en lo económico y en lo social.

Esta receta -la del «absolutismo ejecutivo»- es sumamente peligrosa, porque no solamente posibilita que se cometan -y mantengan- errores de conducción (nuestra siempre negada crisis energética es ciertamente un buen ejemplo de ello) en el gobierno, que siempre terminan pagándose, sino que atrasa, en términos relativos (esto es, en comparación con el resto del mundo), a las sociedades que -incautas o impotentes- caen en su trampa.

(*) Ex embajador argentino ante las Naciones Unidas.