La presidencia de Gustavo Petro redefinió el debate político colombiano, pero también profundizó tensiones económicas, institucionales y territoriales. Ahora el país vota entre cambio, estabilidad y desgaste.
El presidente colombiano, Gustavo Petro.
La elección presidencial en Colombia de este domingo no define solamente un cambio de gobierno. Define, en muchos sentidos, si el proyecto político más ambicioso de la izquierda latinoamericana reciente logra sobrevivir a su primera prueba de desgaste real: gobernar.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Cuando Gustavo Petro llegó al poder en 2022, Colombia parecía ingresar en una nueva etapa histórica. Por primera vez, la izquierda alcanzaba la presidencia en un país que durante décadas había sido uno de los aliados más sólidos de Washington en América Latina, un bastión de seguridad hemisférica, libre mercado y cooperación militar con EEUU.
El exalcalde de Bogotá no representaba solamente un cambio de signo ideológico. Representaba una ruptura cultural con la Colombia uribista que había dominado buena parte del siglo XXI. Cuatro años después, el balance es mucho más complejo.
La administración de Petro deja un país profundamente politizado, institucionalmente tensionado y emocionalmente dividido. Pero también deja un país distinto al que recibió. Ahí reside la complejidad del momento colombiano: incluso los adversarios reconocen que se logró mover el eje del debate nacional.
La discusión ya no gira exclusivamente alrededor de seguridad y narcotráfico. Petro consiguió instalar temas que durante años fueron periféricos en la política colombiana: desigualdad, reforma social, transición energética, redistribución, inclusión territorial y justicia climática. Colombia empezó a discutir problemas estructurales que durante décadas habían quedado subordinados a la agenda de seguridad y estabilidad macroeconómica.
Ese fue su mayor triunfo. Y, probablemente, también el origen de buena parte de su desgaste político.
Porque el mandatario de izquierda intentó transformar simultáneamente demasiadas estructuras de poder: el sistema de salud, el modelo previsional, la matriz energética, la relación con las Fuerzas Armadas, el esquema tributario y hasta la narrativa histórica del conflicto armado.
El problema no fue solamente la magnitud de las reformas. Fue la velocidad, el desorden y la dificultad para construir consensos duraderos en un país cuya élite política lleva décadas funcionando mediante pactos silenciosos y gradualismo pragmático.
La política de “paz total”, quizá el corazón conceptual de su presidencia, terminó exhibiendo las mayores fragilidades del gobierno.
La iniciativa buscaba algo extremadamente ambicioso: abrir negociaciones simultáneas con guerrillas, disidencias de las FARC, grupos narcos y organizaciones criminales bajo la premisa de que el conflicto colombiano ya no podía fragmentarse entre actores “políticos” y actores “criminales”.
El presidente saliente apostaba a desmontar integralmente las economías de guerra y reducir la violencia mediante acuerdos múltiples y paralelos. En términos conceptuales, la propuesta implicaba una redefinición profunda de la estrategia estatal frente al conflicto. En la práctica, muchos sectores sintieron que el gobierno confundió negociación con permisividad.
Mientras Petro defendía una caída parcial en las tasas de homicidios, amplias regiones del país siguieron viviendo bajo lógicas de control territorial armado, desplazamientos y expansión de economías ilegales. Catatumbo, Cauca, Arauca y Guaviare se transformaron en símbolos de un Estado que aún no logra monopolizar plenamente la fuerza.
Y ahí aparece uno de los datos más importantes de esta elección: la seguridad volvió al centro del debate.
Eso explica el ascenso de figuras como Abelardo de la Espriella y el reposicionamiento del uribismo con Paloma Valencia, dos de los candidatos que lograron capitalizar con más eficacia el desgaste político del gobierno dentro de una elección extremadamente fragmentada, con más de una decena de postulantes competitivos.
Ambos entendieron algo clave: gran parte del electorado colombiano no necesariamente rechaza las reformas sociales de Petro, pero sí percibe agotamiento frente a la incertidumbre, el deterioro fiscal y el aumento de la sensación de fragilidad estatal.
De la Espriella representa la versión más dura y confrontativa de la derecha colombiana. Abogado mediático, empresario y figura asociada a sectores de ultraderecha, construyó su candidatura alrededor de una retórica agresiva contra el progresismo, el garantismo judicial y las negociaciones con grupos armados.
Capitaliza el malestar con un discurso frontal, punitivo y empresarial. Su narrativa está construida alrededor de una idea extremadamente potente en América Latina: que el Estado perdió autoridad y alguien debe recuperarla. Promete mano dura contra organizaciones criminales, reducción impositiva, expansión energética y recuperación inmediata del orden.
En cambio, Valencia representa la derecha tradicional colombiana: más institucional, más orgánica y directamente vinculada al legado político de Álvaro Uribe.
Senadora, intelectual conservadora y una de las figuras históricas del uribismo duro, defiende una visión clásica de seguridad democrática, alineamiento con Washington y fortalecimiento militar. Pero enfrenta un problema evidente: parte del electorado conservador parece sentirse hoy más atraído por liderazgos más confrontativos y antisistema que por figuras tradicionales del establishment político.
Del otro lado aparece Iván Cepeda, una de las figuras históricas de la izquierda colombiana y quizá el dirigente que mejor expresa la continuidad ideológica del petrismo sin reproducir completamente el estilo de Petro.
Abogado, senador y referente de derechos humanos durante décadas, Cepeda construyó gran parte de su trayectoria denunciando vínculos entre paramilitarismo y sectores del poder colombiano. Su figura ganó enorme peso político tras sus enfrentamientos judiciales y parlamentarios con Álvaro Uribe, convirtiéndose en uno de los nombres más reconocibles de la izquierda institucional colombiana.
Hoy aparece como el heredero político natural del oficialismo y uno de los candidatos con mayores posibilidades de imponerse en primera vuelta. Su estrategia es preservar las transformaciones sociales evitando el desgaste emocional y político que produjo el estilo hiperpolarizante del actual presidente.
Pero Cepeda carga un problema estructural: debe defender el legado de Petro sin quedar atrapado dentro de sus costos políticos. Y esos costos ya empezaron a hacerse visibles.
La economía no colapsó, como predecían algunos sectores empresariales en 2022, pero tampoco logró despegar con fuerza. El crecimiento se desaceleró, persistieron tensiones fiscales, aumentó la cautela inversora y se deterioró parcialmente la confianza del sector privado. El gobierno avanzó con una ambiciosa reforma tributaria para aumentar la recaudación y financiar programas sociales, pero enfrentó fuerte resistencia de sectores productivos y financieros.
Al mismo tiempo, Petro intentó acelerar una transición energética reduciendo gradualmente la dependencia petrolera y limitando nuevas exploraciones de hidrocarburos. La apuesta buscaba posicionar a Colombia como referencia climática global, pero generó fuertes tensiones en un país donde el petróleo sigue siendo una fuente central de exportaciones, divisas e ingresos fiscales.
Algo similar ocurrió con sus reformas de salud y previsional. El gobierno buscó ampliar la capacidad estatal y reducir la influencia privada en sectores estratégicos, pero encontró resistencia institucional, judicial y parlamentaria.
Muchas de esas reformas terminaron parcialmente bloqueadas, fragmentadas o diluidas en negociaciones interminables. Ahí aparece uno de los grandes dilemas de la presidencia de Petro: logró transformar el debate político colombiano, pero no siempre consiguió transformar las estructuras concretas del poder con la misma eficacia.
Y en ese tablero también aparece otro actor decisivo: Estados Unidos.
La relación entre Washington y Petro fue una montaña rusa permanente. Durante años, el líder colombiano construyó parte de su identidad política desde una retórica antiimperialista. Por su parte, Donald Trump llegó incluso a acusarlo públicamente de vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, hace casi cuatro meses ambos se reunieron en la Casa Blanca en un encuentro sorprendentemente cordial.
Aquel cara a cara, expuso dinámicas mucho más significativas de lo que parecía a simple vista
Porque Estados Unidos entendió algo fundamental: Colombia sigue siendo demasiado importante como para quedar atrapada en una lógica ideológica. La lucha contra el narcotráfico, la estabilidad venezolana, la migración regional, el control amazónico y la competencia geopolítica con China convierten al país latinoamericano en una pieza estratégica demasiado valiosa para romper relaciones por diferencias políticas.
Quizá por estas razones, Washington hoy no parece inclinarse explícitamente por un candidato específico. Y eso no es un dato menor. Durante su segunda presidencia, Trump ha intervenido -de manera directa o indirecta- en distintos procesos electorales globales cuando consideró que estaban en juego intereses estratégicos de su país.
El hecho de que hoy priorice la estabilidad institucional por encima de una alineación ideológica absoluta revela hasta qué punto Colombia sigue siendo considerada un socio indispensable, incluso bajo gobiernos incómodos para ciertos sectores de Washington.
Y probablemente sea precisamente ahí donde reside la verdadera clave de esta elección. La demanda de estabilidad y previsibilidad se volvió transversal: atraviesa a los mercados, las Fuerzas Armadas, las élites económicas y también a una sociedad crecientemente fatigada de polarización, incertidumbre y desgaste político. La gran incógnita que se revelará este domingo es quién logrará convencer a los colombianos de poder garantizar ambas.