El Gobierno eliminó aranceles para importar equipos solares, eólicos y de biomasa, y habilitó nuevas vías para vender electricidad a la red nacional. En algunas zonas, el servicio se reduce a apenas dos o tres horas diarias.
Archivo. Los apagones llegaron a afectar hasta al 69% de Cuba durante las horas de mayor demanda.
El Gobierno de Cuba puso en vigencia nuevas regulaciones destinadas a promover la generación de energía mediante fuentes renovables, mientras el país atraviesa una de las crisis eléctricas más profundas de los últimos años, con apagones diarios y un marcado déficit de abastecimiento.
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Las resoluciones 179 y 180 de 2026 contemplan beneficios fiscales para particulares y empresas que instalen sistemas de generación alternativa. Las medidas buscan incorporar nueva capacidad al sistema eléctrico y reducir la dependencia de una infraestructura convencional que presenta dificultades para cubrir la demanda.
La Resolución 180 exime del pago de aranceles aduaneros a la importación de sistemas fotovoltaicos y sus componentes, calentadores y bombas solares de agua, pequeños generadores, biodigestores, plantas de biogás y dispositivos de iluminación solar.
El beneficio también alcanza a los cargadores para vehículos eléctricos que funcionen con fuentes renovables y a los equipos destinados al procesamiento de biomasa para producir energía.
Por su parte, la Resolución 179 amplía las alternativas para que los productores puedan vender electricidad a la red nacional. Además de la generación fotovoltaica, la normativa incorpora la energía obtenida mediante biomasa y sistemas eólicos.
La entrada en vigencia de las disposiciones coincidió con una jornada en la que los apagones llegaron a afectar hasta al 69% del territorio cubano durante el horario de mayor consumo.
Según los datos oficiales, el sistema contaba con una capacidad disponible de 1.050 megavatios frente a una demanda máxima estimada en 3.300. Ante esa diferencia, fue necesario retirar 2.280 megavatios del suministro para evitar fallas desordenadas en la red.
En este contexto, los 9,4 millones de habitantes de la isla disponen, en promedio, de apenas dos o tres horas de electricidad por jornada. Los prolongados cortes ya provocaron protestas pacíficas, cacerolazos y quema de residuos en distintos barrios de La Habana.
La normativa también establece reducciones impositivas para las empresas privadas que inviertan en proyectos destinados a garantizar el suministro eléctrico en lugares considerados de alto interés social.
La viceministra de Finanzas y Precios, Yenisley Ortiz, explicó que los beneficios abarcarán iniciativas en policlínicos, hogares maternos, consultorios, centros de atención familiar, edificios multifamiliares y viviendas de personas electrodependientes.
También estarán incluidos los proyectos que permitan sostener los sistemas de bombeo de agua en los municipios, otro de los servicios afectados por la falta de electricidad.
Especialistas independientes atribuyen la crisis a la falta sostenida de inversiones y al deterioro de la infraestructura energética. El gobierno cubano, en cambio, señala como uno de los principales factores a las sanciones impuestas por Estados Unidos y acusa a Washington de impulsar una política de “asfixia energética”.