La justicia española expropió la residencia de verano del dictador Franco

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El tribunal a cargo del caso en La Coruña dio la razón al gobierno español que en 2019 presentó una demanda para recuperar el Pazo de Meirás, la residencia veraniega de Franco en su Galicia natal.

La justicia de España entregó este jueves al Estado las llaves de un palacete adquirido por el dictador Francisco Franco, fallecido en 1975, cuya familia aún mantenía la posesión. La residencia, construida entre 1893 y 1907, había sido declarada monumento de interés cultural por el parlamento regional de Galicia en 2018, lo que significa que debía ser abierto al público.

El tribunal a cargo del caso en La Coruña (noroeste), dio la razón en septiembre al gobierno español que en 2019 presentó una demanda para recuperar el Pazo de Meirás. La corte argumentó que la compra, efectuada en 1941, fue una operación fraudulenta.

En un comunicado, el tribunal anunció que la jueza "ha hecho entrega de las llaves del Pazo de Meirás a la Administración General del Estado, en cumplimiento de la ejecución provisional de la sentencia del 2 de septiembre, en la que se acordó que el inmueble es un bien público".

La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, dijo que fue una decisión "loable, que dignifica a la democracia española" en un lugar donde a partir de ahora se ensalzará la figura de la escritora gallega Emilia Pardo Bazán (1851-1921), antaño propietaria del palacete.

La residencia, construida entre 1893 y 1907, había sido declarada monumento de interés cultural por el parlamento regional de Galicia en 2018, lo que significa que debía ser abierto al público, sin embargo los descendientes de Franco cuestionaron la decisión al sostener que era una propiedad privada.

La finca fue en su momento donada por su propietaria y adquirida por un organismo franquista ad hoc en 1938, en plena Guerra Civil española (1936-1939), que Franco ganaría al frente del llamado 'bando nacional', alzado en armas contra la II República (1931-1936).

En la sentencia del 2 de septiembre, el tribunal declaró sin embargo la "nulidad" de la donación de 1938, pues la propiedad fue regalada "al jefe del Estado, no a Francisco Franco a título personal". Igualmente, el tribunal declaró nula la compraventa de 1941, por considerarla una "simulación" en la que "Franco nada paga" por hacerse con el palacete.

La entrega del pazo al Estado es otro revés para los nietos de Franco, que con numerosos recursos ante la justicia trataron el año pasado sin éxito de impedir su exhumación del Valle de los Caídos, el gigantesco mausoleo católico a 50 km de Madrid donde le rendían homenaje sus nostálgicos.

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