Batasuna está en el centro de una polémica tras un acuerdo alcanzado entre los populares (PP, oficialistas) y socialistas (PSOE, oposición) que permitió convocar para el próximo 26 de agosto a una reunión extraordinaria del Parlamento en la que se analizará la disolución del partido independentista.
El líder de bancada del Partido Popular en el Parlamento vasco y ex ministro del Interior,
En el comunicado, la organización negó que el atentado del 4 de agosto en la localidad balnearia de Santa Pola, que provocó la muerte a dos personas, entre ellas una niña de seis años, fuera cometido de forma «indiscriminada» y aseguró que las sedes de la Guardia Civil «siguen siendo objetivos militares».
El atentado de Santa Pola fue perpetrado con un coche bomba estacionado frente a una casa-cuartel de la Guardia Civil, a la que aconsejó que «no meta a sus familias en los cuarteles» y a los ciudadanos que «se alejen de las sedes y recorridos» de agentes de esa institución. La banda terrorista también reivindicó el atentado con bomba perpetrado el 9 de agosto en un restorán de comida rápida de Torrevieja, a 21 km de Santa Pola, sin víctimas.
ETA considera que los dos atentados que reivindicó fueron «utilizados como excusa» por las «fuerzas políticas españolas» para poner en marcha el «proceso seudojudicial» contra Batasuna.
El PP y el PSOE, cuyos dirigentes son el blanco principal de los terroristas, impulsaron la nueva Ley de Partidos con el objetivo de prohibir a Batasuna, formación política legal que tiene siete diputados en el Parlamento regional vasco y que en las elecciones regionales de mayo de 2001 obtuvo 10,43% de los votos en un mal resultado. El Partido Nacionalista Vasco (PNV, moderado), en el poder en el País Vasco desde 1980, votará contra el pedido de ilegalización de Batasuna, anunció ayer su presidente,
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