El Brexit abrió una disputa sobre la soberanía británica que no terminó cuando el Reino Unido salió de la Unión Europea. Cambió de dirección. Lo que Londres reclamaba para sí frente a Bruselas —el derecho a decidir sin una autoridad superior— es ahora el principio que Escocia, Gales e Irlanda del Norte invocan frente a Westminster. El acuerdo firmado esta semana en Cardiff vuelve visible esa tensión y plantea una pregunta incómoda: ¿puede el Reino Unido terminar pagando internamente los costos de la soberanía que recuperó externamente?
La escena tiene una carga política particular. En la capital de Gales, los representantes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte y la dirigencia de Sinn Féin, partido republicano irlandés que está en la oposición en la República de Irlanda, acordaron defender el derecho de sus pueblos a decidir su futuro constitucional. No están todos planteando exactamente lo mismo: Escocia discute su independencia, Gales reclama mayor capacidad de decisión y mantiene abierta la cuestión de su estatus, mientras Irlanda del Norte tiene como horizonte la reunificación con la República de Irlanda.
Representantes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, junto con dirigentes de Sinn Féin, el partido republicano irlandés opositor en la República de Irlanda, acordaron defender el derecho de sus pueblos a decidir sobre su futuro constitucional.
La tensión, sin embargo, es mucho más antigua que el Brexit. El Reino Unido no nació como un Estado homogéneo, sino a partir de sucesivas uniones. Gales había sido incorporado al Reino de Inglaterra en el siglo XVI. En 1707, Inglaterra y Escocia se unieron para formar el Reino de Gran Bretaña y, en 1801, Gran Bretaña e Irlanda crearon el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. La independencia de la mayor parte de Irlanda, más de un siglo después, volvió a modificar ese mapa y dejó a Irlanda del Norte dentro del Reino Unido.
Cada una de esas uniones respondió a circunstancias políticas diferentes, pero dejó una cuestión persistente: cómo mantener un Estado común cuando las naciones que lo integran conservan identidades, instituciones e intereses propios. La descentralización de poderes hacia Escocia, Gales e Irlanda del Norte desde fines de los años noventa fue una respuesta a esa diversidad. El Brexit alteró ese equilibrio al eliminar el marco europeo que durante décadas había encuadrado buena parte de esas competencias.
El referéndum de 2016 puso esa diversidad territorial en primer plano. El Brexit fue presentado como una recuperación de soberanía frente a las instituciones europeas, pero la votación reveló que las cuatro naciones no tenían la misma idea sobre el futuro del Reino Unido. Escocia votó por permanecer en la Unión Europea con el 62 por ciento, al igual que Irlanda del Norte, con el 55,8 por ciento. En cambio, Gales votó por salir, aunque por un margen estrecho del 52,5 por ciento.
Para el nacionalismo escocés, esa diferencia reforzó un argumento que ya existía desde el referéndum de independencia de 2014: una mayoría había votado por permanecer en Europa, pero terminó fuera de la Unión porque la decisión correspondió al conjunto del Reino Unido. El Brexit no creó el independentismo escocés, sino que modificó el terreno sobre el que se discute la independencia.
Westminster, ante el desafío de las naciones
Ahí aparece el dilema para Westminster. El primer ministro Andy Burnham ya dejó claro que un nuevo referéndum sobre la independencia escocesa está “fuera de discusión”, al menos por ahora. La disputa queda así planteada: para Londres, la integridad del Reino Unido es una cuestión que debe resolver el Parlamento británico. En cambio, para los nacionalistas, el futuro de cada nación debe decidirlo su propia población.
La cuestión económica introduce un límite concreto al debate. Si Escocia se independizara y buscara ingresar a la Unión Europea, tendría que establecer una nueva frontera comercial con el Reino Unido, que seguiría siendo su principal socio comercial. La independencia, por lo tanto, no resolvería automáticamente la cuestión europea: obligaría a redefinir también una relación económica de la que Escocia depende en buena medida.
El primer ministro Andy Burnham descartó por ahora la posibilidad de un nuevo referéndum sobre la independencia de Escocia, al señalar que la cuestión está “fuera de discusión”.
EFE
El caso galés es diferente. Durante años, la cuestión constitucional tuvo allí menos fuerza que en Escocia. Pero el crecimiento de Plaid Cymru, el partido nacionalista, y su llegada al gobierno en 2026 volvieron a poner en discusión cuánto poder debe conservar Westminster y cuánto debería quedar en manos de Cardiff. Gales controla áreas como salud, educación y gobierno local, mientras que Westminster mantiene competencias clave como justicia, policía y bienestar social.
Para Cardiff, entonces, la disputa no se reduce a la independencia. También involucra recursos, capacidad regulatoria y herramientas para definir una estrategia económica propia. El nuevo gobierno galés ha señalado el bajo desempeño de la economía en productividad, ingresos y valor agregado como uno de los problemas que pretende abordar. La cuestión constitucional aparece así vinculada a otra pregunta más concreta: quién dispone de las herramientas para modificar esa realidad.
Por su parte, Irlanda del Norte introduce una cuestión todavía más sensible. Allí el horizonte no es la independencia, sino la posibilidad de abandonar el Reino Unido para integrarse a la República de Irlanda. El Acuerdo de Viernes Santo de 1998 estableció el principio de consentimiento: Irlanda del Norte permanece en el Reino Unido mientras una mayoría de su población quiera hacerlo, y un referéndum sobre la reunificación puede ser convocado si el gobierno británico considera que existe una posibilidad suficiente de que esa mayoría apoye la unión.
El Brexit alteró ese equilibrio y también modificó el debate sobre el futuro constitucional de Irlanda del Norte. La región había votado por permanecer en la Unión Europea y quedó luego bajo un régimen comercial particular para evitar una frontera dura con la República de Irlanda. Esa diferencia respecto del resto del Reino Unido convirtió la relación con Europa en una cuestión constitucional, económica y territorial al mismo tiempo.
La opinión pública también mostró un desplazamiento. La encuesta anual Northern Ireland Life and Times, realizada por investigadores de Queen’s University Belfast y Ulster University, registra un aumento del apoyo a la reunificación: quienes dijeron que votarían por ella pasaron del 22 por ciento en 2017 al 36 por ciento en 2024. Mientras que quienes optarían por permanecer en el Reino Unido bajaron del 55 al 42 por ciento. Además, en 2024, el 59 por ciento de los encuestados afirmó que el Brexit lo había hecho estar más a favor de una Irlanda unificada.
Lo cierto es que la discusión dejó de ser exclusivamente británica. El presidente estadounidense Donald Trump expresó esta semana su apoyo a una Irlanda unificada, una intervención poco habitual para Washington. El gobierno británico sostuvo que su posición no había cambiado y que un referéndum sobre la reunificación dependería de la existencia de un consenso suficiente en Irlanda del Norte.
Para Londres, las tres discusiones tienen costos diferentes, pero convergen sobre una misma cuestión: la distribución del poder. El Brexit fortaleció la soberanía parlamentaria de Westminster, pero también expuso las tensiones de un modelo en el que existen cuatro naciones con distintos grados de autonomía y una autoridad central que conserva la última palabra en numerosos asuntos.
Durante la pertenencia a la Unión Europea, competencias como agricultura, pesca y medio ambiente estaban encuadradas por normas europeas. La salida eliminó ese nivel superior y obligó a redefinir quién establece las reglas comunes dentro del Reino Unido. Recuperar competencias de Bruselas no significó simplemente devolver poder a las naciones: también obligó a decidir quién debía ejercerlo dentro del propio Estado.
Por eso, el episodio de Cardiff importa más allá de sus protagonistas. No demuestra que el Reino Unido esté a punto de desintegrarse, ni que exista hoy una mayoría clara a favor de la independencia en todas sus naciones. Revela algo más concreto: la discusión sobre soberanía que impulsó el Brexit no desapareció. Diez años después, esa misma idea volvió a abrir una disputa dentro del Reino Unido. Pero esta vez, ya no apunta hacia Bruselas. Apunta hacia Westminster.
