Luiz Inácio Lula Da Silva disfrutó ayer del mayor éxito de su gestión de siete meses: la aprobación de su proyecto de reforma previsional en la Cámara de Diputados. El plan generará fuertes ahorros para el futuro, lo que constituye una importante garantía de solvencia fiscal. Además, elimina una serie de privilegios de los empleados estatales que irritan a la sociedad brasileña. En defensa de esas prerrogativas, miles de manifestantes protestaron ayer frente al Congreso y protagonizaron incidentes. Anticipando los tiempos para la aprobación de la reforma, Lula puso fin a algunas especulaciones acerca de una supuesta falta de decisión de su gobierno. Su logro se destaca más por el hecho de que Fernando Henrique Cardoso no pudo imponer un plan similar durante sus ocho años en el poder. Por otra parte, se hace ahora inevitable la expulsión del Partido de los Trabajadores de los legisladores que desobedecieron la orden partidaria de votar por la reforma, con lo que el gobierno ganará en coherencia. Mientras, éstos prometen fundar una nueva agrupación que representará a los descontentos de las reformas.
El proyecto, una de las principales reformas estructurales propuestas por Lula y considerada crucial por los mercados, fue aprobado la madrugada de ayer en la Cámara de Diputados por 359 votos a favor, 126 en contra y 9 abstenciones. El gobierno pensaba contar con la adhesión de 400 legisladores, pero si bien no logró ese número, la cantidad de votos favorables superó en 51 el mínimo de 60% de la cámara requerido por tratarse de una reforma constitucional.
Tres diputados del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula votaron en contra y ocho se abstuvieron. Los primeros serán expulsados sin más trámites de la agrupación, prometió su titular,
Los votos de bancadas opositoras resultaron clave en el resultado. Treinta y tres diputados del Partido del Frente Liberal (PFL) y 29 del Partido Socialdemócrata Brasileño (PSDB) -alrededor de la mitad de sus bancadas-votaron a favor de este proyecto que pretende reducir el déficit fiscal y poner un límite al salario de los funcionarios públicos.
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