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La ley, propuesta por el mayoritario oficialismo de centroderecha, beneficia al presidente, al primer ministro, a los titulares de ambas cámaras del Congreso y al presidente de la Corte Constitucional, pero no al resto de los parlamentarios.
El texto, adoptado en el Senado por 152 votos a favor contra 107, deberá pasar ahora a votación en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo también es ampliamente mayoritario.
La norma será sometida al voto de la cámara baja antes del inicio, el 1 de julio, de la presidencia italiana de la UE. Una vez aprobada, los eventuales procesos contra los representantes de las instituciones quedarían "congelados" y el tiempo transcurrido durante el mandato que cumplen no contaría para una eventual prescripción del caso.
La oposición de izquierda atacó el texto, argumentando que es "incostitucional" y "viola el principio de que la ley es igual para todos", ya que una norma aprobada en 1993 había quitado inmunidad a todos los cargos públicos.
"Se violó el principio de igualdad entre los ciudadanos, el derecho a la defensa del acusado y el principio de que un juicio debe durar un tiempo razonable", dijo el diputado Verde, Giampaolo Zancan, vicepresidente de la comisión de justicia del Senado.
Francesco Rutelli, líder de la Margarita, grupo moderado del centro-izquierda, acusó a la mayoría de paralizar el Parlamento con leyes "que garantizan la posición judicial de dos personas", refiriéndose a Berlusconi y al diputado Cesare Previtti, muy allegado al premier e involucrado en el mismo proceso de Milán. El "verde" Alfonso Pecoraro Scanio definió la normativa como "injusta e inconstitucional" y propuso que se convoque a un referéndum para anular la nueva ley.
Por su parte, el jefe de bancada de Forza Italia, Renato Schifani, autor de las enmiendas que fueron aplicadas a la ley, manifestó la disponibilidad de la mayoría a una eventual reforma constitucional de las garantías, como propuso la oposición.
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