El Gobierno mexicano lamentó la promulgación en Alabama (sur de Estados Unidos) de la ley HB 56, "que criminaliza la migración y abre espacios para la posible aplicación indebida de la legislación por parte de autoridades locales".
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En un comunicado, la cancillería asegura que a partir de ahora, "tomando en cuenta los precedentes legales sentados" por cortes estadounidenses sobre la ley SB1070 de Arizona y con la HB497 de Utah, ambas restrictivas con los migrantes, "se utilizarán todos los recursos disponibles para defender los derechos y la dignidad de los mexicanos en Alabama".
La ley HB 56 (Beason-Hammon Alabama Taxpayer and Citizen Protection Act), que entrará en vigor en su mayor parte el 1 de septiembre próximo, "afecta potencialmente los derechos humanos y civiles de los mexicanos que habitan o visitan" Alabama, destacó.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó que al aprobar la nueva ley el pasado 2 de junio "los legisladores que votaron a favor del texto y el Ejecutivo estatal ignoraron las numerosas contribuciones de la comunidad inmigrante a la economía y la sociedad de ese estado".
Pese a su posición crítica, el Gobierno mexicano reconoce en el comunicado "el derecho soberano de todos los países a decidir las leyes que deban aplicarse en su territorio".
Además, reitera "su compromiso indeclinable de brindar la asistencia y protección que requieran los mexicanos para garantizar el debido respeto a sus derechos".
La SRE anuncia que ya ha abierto un proceso de "análisis jurídico para determinar posibles acciones en apoyo a mexicanos que pudieran verse afectados", así como "una estrategia de protección preventiva para mantener debidamente informada a la población mexicana" residente en Alabama.
Ello a través de la página electrónica del Consulado General de México en Atlanta, mediante los consulados móviles y con el apoyo de organizaciones civiles "dedicadas a la promoción de los derechos civiles y humanos de los migrantes".