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La cámara advierte que "los miembros del anterior gobierno deberán responder de las (violaciones de derechos humanos) que haban cometido en la represión abusiva de los movimientos populares", según el texto de la resolución.
Por eso estiman que "no procede la concesión de asilo a tales dirigentes que deberán responder ante la justicia boliviana de los delitos que hayan cometido en el ejercicio de su mandato".
Los diputados europeos solicitan que "se lleve a cabo una exhaustiva investigación sobre los hechos acaecidos y que, a resultas de las investigaciones, se depuren todas las responsabilidades habidas".
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