El CNE señaló que dicha convocatoria es nula porque ignora la sentencia de la Sala Constitucional del Supremo del 23 de marzo pasado, en la que ordena "paralizar el contencioso judicial en torno al referéndum".
Recordó que según la Constitución, el CNE ejerce sus funciones con independencia de los otros poderes del Estado por ser una de sus cinco ramas.
Señaló que la función de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter de EEUU es "observar y pedir información", pero no participar en actividades de conciliación jurisdiccional como la reunión promovida por la sala Electoral.
El CNE reiteró también su llamado a los actores del referéndum a reanudar las negociaciones para llegar a una salida consensuada y concertada sobre las características y condiciones del proceso de validación de las firmas de dudosa autenticidad.
La convocatoria de la sala Electoral fue dirigida al CNE, la coalición opositora Coordinadora Democrática (CD), el Comando Ayacucho (que aglutina al oficialismo), la OEA y el Centro Carter.
Esta iniciativa de fue tildada de "ilegítima" por el Comando Ayacucho, por entender que se asimila a "un golpe de estado" contra el CNE "para usurparle sus potestades".
"Las convocatorias para dialogar sobre el referéndum le corresponden al CNE, porque es el único que tiene competencia constitucional para hacerlo. La convocatoria de la sala Electoral pretende secuestrar las facultades del CNE, y no vamos a hacerle el juego", expresó William Lara, portavoz del Comando Ayacucho.
El conflicto judicial, que mantiene parcialmente paralizado el proceso del referéndum presidencial, comenzó cuando la Coordinadora Democrática interpuso un recurso ante la sala Electoral sobre una decisión del CNE que ordenaba revalidar más de 800.000 firmas sobre cuya autenticidad tenía dudas.
Las firmas dudosas formaban parte del lote presentado por la Coordinadora para intentar activar la consulta contra Chávez.
La sala Electoral se pronunció sobre el recurso introducido por la Coordinadora a pesar de que había sido advertida por la sala Constitucional de que no era competente para ello.
A partir de ahí se han cruzado decisiones contrapuestas de ambas salas sin que esté claro cuáles deben ser acatadas porque prevalecen sobre las otras.
En medios judiciales se vaticinó que el caso terminará en manos de la Sala Plena del Supremo, compuesta por los 20 magistrados que se reparten las seis salas de que consta el máximo tribunal del país.
Dejá tu comentario