Polémico pedido de la Corte Internacional contra líder sudanés

Luis Moreno Ocampo (izquierda) pidió ayer, como fiscal de la Corte Penal Internacional, el arresto del presidente de Sudán, Omar al- Bashir (derecha). Es la primera vez que ese tribunal pide la captura de un jefe de Estado en ejercicio.

La Haya (ANSA, EFE, AFP, Reuters, DPA) - El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), el argentino Luis Moreno Ocampo, pidió la captura del presidente de Sudán, Omar al-Bashir, acusado de crímenes de guerra y genocidio en Darfur. La polémica medida causó controversia en la comunidad internacional, que teme ahora una agudización del conflicto.

Moreno Ocampo presentó a los jueces el resultado de su segunda investigación en Darfur, y serán los magistrados de la sala preliminar de la CPI quienes tendrán que decidir ahora si las pruebas constituyen una base razonable para hacer efectiva la orden de arresto contra el dictador de Sudán.

Al-Bashir se convirtió en el primer presidente en ejercicio en recibir un pedido de captura de la CPI y el tercero en ser objeto de un proceso judicial internacional. Lo precedieron el serbio Slobodan Milosevic, procesado en 1999 por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), fallecido en 2006; y el liberiano Charles Taylor, perseguido desde marzo de 2003 por el Tribunal Especial de Sierra Leona.

Divisiones

Sudán, el país más grande del continente africano, sufre múltiples divisiones religiosas y socioeconómicas, acentuadas por los choques para controlar las reservas de petróleo.

Según el fiscal, Al-Bashir «planificó y puso en funcionamiento un plan para destruir los grupos fur, masalit y zaghawa sobre la base de su pertenencia étnica». Estas tres poblaciones no nómades, que han vivido históricamente en Darfur, se rebelaron a ser desterrados de la provincia y, Al-Bashir, al no poder derrotar al movimiento armado, se lanzó contra la población.

En su comunicado, Moreno Ocampo afirma, además, disponer de pruebas que demuestran que Al-Bashir «movilizó todo el aparato del Estado para someter a los 2.450.000 personas que viven en campamentos a condiciones de vida calculadas para extenuarlas hasta su destrucción física».

El dictador islamista pretende acabar con la existencia de estos tres grupos, y para ello «no se necesitan balas ni cámaras de gas». «El desierto se encarga de hacerlo», agregó. «El hambre es el arma de este genocidio». Según cálculos de las Naciones Unidas, en el conflicto de Darfur perdieron la vida 400.000 personas en los últimos cinco años.

«Sudán no aceptó incorporarse a la CPI, por lo que ésta no tiene ninguna autoridad legal sobre el gobierno o los habitantes de Sudán», aseguró el vicepresidente, Ali Ozman Mohamed Taha, en una conferencia de prensa.

Reacciones

Una de las primeras reacciones contrarias a la medida provino de la presidencia de la Unión Africana (UA), que advirtió que si Al-Bashir es procesado y detenido, Sudán puede enfrentar una situación de «vacío de poder», con «riesgo de golpes militares y anarquía generalizada».

El pedido, que deberá ser examinado durantevarios meses por los magistrados de la CPI, recibió una respuesta cautelosa de la Unión Europea (UE). El comisario europeo de Desarrollo, Luis Michel, estimó que «es evidentemente una medida de alta importancia, que tiene forzosamente un impacto político». Por su parte, EE.UU. informó que había reforzado las medidas de seguridad para proteger su embajada en Jartum, dijo el portavoz Sean McCormack. Sin querer manifestar una opinión sobre la medida, el vocero precisó que las medidas de seguridad fueron reforzadas incluso en las estructuras norteamericanas que se encuentran en la zona meridional de Juba. «Llamamos a las partes a que permanezcan en calma. Observaremos la situación en La Haya y analizaremos lo que solicitó el fiscal», dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Gordon Johndroe.

Mientras tanto, la Liga Arabe convocó una reunión de urgencia el próximo sábado en El Cairo. Por temor a represalias, la fuerza conjunta ONU-Unión Africana en Darfur (Minuad) anunció que evacuará a todo su personal no esencial, aunque conservará a sus soldados en el terreno.

Como contracara, grupos rebeldes saludaron la iniciativa del fiscal de la CPI. Mahgub Husein, portavoz del Ejército de Liberación de Sudán (SLA), calificó la medida de «victoria para la humanidad en Darfur» y de «inicio de la libertad en Sudán».

La acción de Moreno Ocampo también fue recibida con satisfacción por Amnistía Internacional (AI).

Por último, el Consejo de Cooperación del Golfo fue terminante: «Esperamos que la CPI no apruebe las acusaciones del fiscal», dijo el secretario general de la entidad regional, Abderrahman al-Attiyah.