Brasilia (Télam/SNI).- Al margen de las promesas y los ataques que siguieron prodigándose los candidatos a la presidencia de Brasil, las necesidades de la campaña para la segunda vuelta electoral determinaron pedidos de licencia y renuncias entre los miembros del partido gobernante involucrados en el "dossiergate".
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Como consecuencia de la reunión de la cúpula del Partido de los Trabajadores (PT) realizada anteanoche en Brasilia, ayer presentó un pedido de licencia su presidente nacional, Ricardo Berzoini, quien quedó involucrado en el intento de compra de información presuntamente falsa para perjudicar al candidato presidencial Geraldo Alckmin y al hoy electo gobernador de San Pablo, José Serra, ambos socialdemócratas.
Además, Hamilton Lacerda y Jorge Lorenzetti se desafiliaron hoy del PT, también como consecuencia del escándalo que salió a la luz cuando dos semanas antes de la primera vuelta electoral dos miembros del PT fueron detenidos en un hotel con más de 800.000 dólares, supuestamente destinados a comprar ese informe, según informó el diario Folha de Sao Paulo.
Tanto el pedido de licencia como las desafiliaciones encastran con el anuncio del presidente y candidato del PT, Luiz Inácio Lula da Silva, quien tras perder la posibilidad de ser reelecto en la primera vuelta declaró que quería una investigación "urgente" y dio a entender que habría sanciones por el "dossiergate", como la prensa brasileña bautizó al caso.
Según los analistas de la política brasileña, el escándalo fue determinante para que Lula no fuera reelecto el domingo pasado y explica la sensación de que todo está aún por definirse en la disputa por la presidencia con Alckmin.
En paralelo a estas "purgas", el PT y el Partido Social Demócrata de Brasil (PSDB) trajinan las mesas de negociación con terceras fuerzas en busca de apoyos para el ballotage.
Entre los respaldos más codiciados está el centrista Partido Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), que tras la elección general del último domingo se consolidó como la primera fuerza en la cámara baja del Congreso y la segunda en el Senado.
Los primeros pronunciamientos de dirigentes del PMDB en favor de Lula y de Alckmin pusieron a esta fuerza en crisis, por lo cual la junta ejecutiva de San Pablo, el estado donde el candidato socialdemócrata pisa fuerte, decidió ayer dejar en libertad de acción a sus afiliados.
Mientras tanto, entre una promesa y otra, los candidatos en campaña se cruzaron con dureza. Lula aseguró en un acto político en Salvador que si fuera reelecto el 29 de octubre "la economía va a dar un salto de calidad como pocas veces sucedió en la historia de Brasil".
Sobre el programa de gobierno de Alckmin, el presidente dijo que él mismo prevé la privatización de organismos estatales, al tiempo que resaltó que "es posible gobernar sin privatizar nada".
"Lo que viene por ahí es sólo agarrar el programa de los partidos que están del otro lado, que tienen insinuaciones de privatización del Banco de Brasil, de la Caja Económica Federal y de Petrobras", afirmó.
Además, en un acto en el barrio carioca Flamengo, señaló que "cuando mi adversario habla de contener el gasto público, está pensando en despedir empleados públicos".
La respuesta del socialdemócrata no se hizo esperar: "Sin la persona correcta en el lugar correcto, ni con dinero se hacen las cosas; no se gobierna con una patota, con los amigos", dijo Alckmin al diario Correio Braziliense.
Para el candidato "tucano", la población "está decepcionada con Lula y con el PT; ya nadie cree en esas cosas de que el Presidente no sabe de nada, que no oyó nada, que no ocurrió nada", sostuvo en alusión al "dossiergate".
