Rebeca Grynspan y Carolyn Rodrigues-Birkett encabezan los últimos sondeos, mientras Rafael Grossi continúa en carrera para suceder a António Guterres.
La elección del próximo secretario general de la ONU entró en una etapa decisiva de cara al recambio que se producirá a fines de este año. El mandato de António Guterres, que asumió su segundo período en enero de 2022, finalizará el 31 de diciembre de 2026, por lo que el nuevo titular de la Secretaría General deberá ser designado antes de esa fecha y asumirá el 1 de enero de 2027, por un período de cinco años.
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El proceso comenzó formalmente con la presentación de candidaturas por parte de los Estados miembros y continuó con diálogos públicos y consultas dentro del Consejo de Seguridad. En esta última instancia se realizaron varias rondas de sondeos informales para medir el respaldo a los postulantes. Tras la tercera ronda y el posterior retiro de Michelle Bachelet, siete candidatos permanecen formalmente en carrera.
El próximo paso será que el Consejo de Seguridad negocie y recomiende un nombre a la Asamblea General, que deberá aprobar la designación. El resultado dependerá especialmente del acuerdo entre los cinco miembros permanentes del Consejo —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido—, que cuentan con poder de veto.
Tras el retiro de Michelle Bachelet, anunciado el 19 de septiembre luego de los resultados de la tercera ronda de consultas informales, quedaron siete candidaturas formalmente registradas ante Naciones Unidas: Rafael Grossi (Argentina), Rebeca Grynspan (Costa Rica), Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana), María Fernanda Espinosa (Ecuador), Macky Sall (Senegal), Olara Otunnu (Uganda) e Ivonne A-Baki (Ecuador). La lista oficial de la ONU incluye las postulaciones, los países que las respaldan, los currículums, las declaraciones de visión y la información sobre financiamiento.
La competencia, sin embargo, ya comenzó a concentrarse en algunos nombres. En la tercera ronda de sondeos informales del Consejo de Seguridad, Rebeca Grynspan obtuvo nueve votos favorables, Carolyn Rodrigues-Birkett ocho y Rafael Grossi cinco. Olara Otunnu también consiguió cinco. Estas consultas no constituyen la elección definitiva, pero sirven para medir el nivel de respaldo y rechazo de cada candidatura antes de que se produzca la decisión formal.
Grynspan, de Costa Rica, es secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD); Rodrigues-Birkett, de Guyana, es diplomática y exministra de Relaciones Exteriores; y Grossi, el candidato argentino, dirige desde 2019 el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Grossi tiene además una extensa trayectoria diplomática en asuntos de seguridad, desarme y no proliferación nuclear.
El punto central de la elección está en el Consejo de Seguridad, integrado por 15 países: cinco miembros permanentes —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido— y diez miembros no permanentes, elegidos por períodos de dos años.
Para que el Consejo recomiende a un candidato se necesitan al menos nueve votos favorables. Pero alcanzar esa cifra no es suficiente: ninguno de los cinco miembros permanentes puede votar en contra. Cualquiera de ellos puede bloquear la candidatura mediante su poder de veto. Una abstención de un miembro permanente, en cambio, no impide que una decisión avance si se alcanza el número requerido de votos.
Por eso, los resultados de los "straw polls" no deben interpretarse como una elección anticipada. Un candidato puede reunir una cantidad importante de apoyos y, aun así, quedar bloqueado si no logra la aceptación de las cinco potencias. La definición depende tanto de los votos positivos como de la capacidad de evitar rechazos dentro del P5.
El procedimiento comienza formalmente con una carta conjunta de las presidencias de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, mediante la cual se invita a los Estados miembros a presentar candidatos. Cada postulación debe incluir un currículum, una declaración de visión y datos sobre el financiamiento de la campaña.
Una de las novedades del actual proceso es el intento de darle mayor transparencia e inclusión a la selección. Los candidatos participaron de diálogos interactivos públicos ante la Asamblea General, con preguntas de Estados miembros y representantes de la sociedad civil. También se realizó una sesión pública con los postulantes.
Después de esa etapa, el peso vuelve a concentrarse en el Consejo de Seguridad, donde las negociaciones se desarrollan a puertas cerradas. Los llamados straw polls permiten conocer quiénes cuentan con respaldo, quiénes generan rechazo y quiénes no despiertan una posición definida. En la tercera ronda, Grynspan fue la primera en alcanzar nueve votos favorables, aunque todavía no existe una recomendación formal.
El componente político también está atravesado por la representación regional y de género. La selección no establece formalmente una rotación geográfica obligatoria, pero existe una tradición de alternancia entre regiones. En esta oportunidad, América Latina y el Caribe tienen un peso importante entre las candidaturas y varias de las principales postulantes son mujeres. La definición final, de todos modos, dependerá de la negociación dentro del Consejo de Seguridad.
Una vez que el Consejo de Seguridad alcance un acuerdo y adopte una resolución recomendando un candidato, el proceso pasa a la Asamblea General, integrada por los 193 Estados miembros de Naciones Unidas. Ese órgano es el encargado de realizar formalmente el nombramiento.
La Asamblea General puede votar la designación del candidato recomendado. Históricamente, la persona propuesta por el Consejo ha sido aceptada y el nombramiento suele realizarse por consenso o aclamación, como expresión de unidad entre los Estados miembros. El nuevo secretario general asumirá el 1 de enero de 2027, cuando finalice el segundo mandato de António Guterres.
Así, la elección tiene una particularidad: los 193 países participan de la instancia final, pero la verdadera negociación para llegar a ella se concentra en los 15 miembros del Consejo de Seguridad, y especialmente en los cinco países que tienen poder de veto. Esa combinación entre respaldo internacional, negociación diplomática y acuerdo entre las grandes potencias será determinante para definir quién ocupará la Secretaría General durante los próximos cinco años.