El Gobierno de Siria cerró la puerta a la comisión independiente aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar presuntos crímenes contra la humanidad en la represión de las protestas opositoras y rechazó tajantemente recibir lecciones de Occidente en esta materia.
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El régimen de Bashar al Asad se sometió al Examen Periódico Universal (EPU), un ejercicio al que se someten todos los Estados miembros de la ONU desde 2006 para hacer un repaso cuatrienal sobre la situación de derechos humanos, que en este caso ha llegado en un momento crucial.
En el marco de un recrudecimiento de la violencia en el país, incluso con informaciones sobre enfrentamientos entre las fuerzas armadas y desertores en la frontera con Líbano, la expectación en Ginebra fue grande para escuchar la intervención del viceministro de Exteriores, Faisal Mekdad, que no hizo ni una sola concesión.
Su exposición ante el Consejo de Derechos Humanos se centró en denunciar "una conspiración internacional" tras las protestas que se suceden en el país desde marzo pasado contra el régimen de Asad y en asegurar que las reformas democráticas están en marcha y que todos los sirios gozan de libertad de expresión y manifestación.
Mekdad aseguró que en estos seis meses "las fuerzas de seguridad han evitado disparar contra grupos para evitar la muerte de civiles inocentes" y calificó las manifestaciones como "ataques criminales contra la nación y el pueblo por parte de grupos terroristas". Detrás de la agitación civil una estrategia deliberada del bloque occidental, liderado por EEUU, para armar a determinados "grupos de terroristas, que han asesinado a numerosos civiles indefensos".
Siria contó con el respaldo del llamado "grupo de países amigos" -Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Rusia-, que denuncian un "doble rasero" para juzgar a los países en el Consejo de Derechos Humanos y que temen que este órgano se esté convirtiendo en "una herramienta" occidental para marcar el rumbo de la agenda internacional y encauzar mejor sus intereses estratégicos.
El régimen sirio se comprometió a permitir el acceso de esa comisión, que desde hace dos semanas esperaba en Ginebra perfilar los detalles de su visita y la autorización oficial de Damasco para viajar. Pero Mekdad descartó cualquier posibilidad inmediata o cercana de colaboración con la comisión investigadora al término de la sesión oficial del EPU. Explicó que se autorizará la entrada en el país de la comisión únicamente "cuando termine el terrorismo", en referencia a las manifestaciones de la oposición antigubernamental.
Estas declaraciones son un revés para la comisión, cuyos tres miembros comenzaron la semana pasada en Ginebra sus trabajos y expresaron en una conferencia de prensa su esperanza de poder reunirse con las autoridades de Damasco y viajar al país. Está previsto que las conclusiones de la comisión se publiquen a finales del mes de noviembre y sean actualizadas en marzo de 2012.
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