La crisis humanitaria que vive la región sudanesa de Darfur debido al conflicto armado que mantienen el ejército, con el apoyo de tribus árabes respaldadas por el gobierno (janjaweed), y los rebeldes del Ejército de Liberación de Sudán (SLA) y del Movimiento para la Justicia y la Igualdad (MJE), que reclaman más derechos para los africanos negros, se ha convertido en una de las mayores de los últimos años.
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Tras este enfrentamiento, que amenaza los acuerdos de paz que podrían poner fin a 21 años de guerra civil entre el norte y el sur, se esconden motivaciones religiosas y étnicas, pero sobre todo económicas.
Los rebeldes acusan a las autoridades de Jartum de favorecer económicamente a las comunidades árabes del norte (islamistas), en detrimento de esta desértica región habitada por numerosas tribus de raza negra ( musulmanes), así como de ejercer una fuerte represión sobre ellas condenándolas al subdesarrollo.
Esta es la razón principal que esgrimieron el SLA y el JEM, cuando en febrero de 2003 decidieron atentar contra intereses gubernamentales para obligar al Ejecutivo a acabar con su «marginación histórica». Para responder a estos ataques, el gobierno decidió armar a los janjaweed y les dio carta blanca para actuar.
La política de tierra quemada llevada a cabo por las milicias árabes ha causado cerca de 50.000 muertos (otras fuentes hablan de 200.000) y obligado a huir de sus hogares a más de un millón de personas, convertidos en desplazados internos dentro del país. Otras 200.000 personas han huido al vecino Chad, aunque, según la Cruz Roja, sólo la mitad se ha refugiado en los campamentos de la ACNUR. El resto está diseminado a lo largo de los 600 kilómetros de frontera, en condiciones extremas.
Las ONG, que llevan meses pidiendo ayuda para los civiles, acusan a estas milicias de quema de aldeas, violaciones en masa, asesinatos indiscriminados y otros atentados contra los derechos humanos. El coordinador de Asuntos Humanitarios de la ONU en Sudán, Mukes Kapila, no dudó en comparar la limpieza étnica que sufre esta región africana con el genocidio ocurrido hace diez años en Ruanda.
El SPLA y el JEM reclaman para Darfur una parte proporcional de la torta de beneficios de un país en el que los ingresos del petróleo suponen 75% de las exportaciones. También quieren una reforma política que otorgue mayor protagonismo y autonomía a la región y participar en el proceso de paz entre el gobierno del general Omar Hassan Ahmed al-Bachir y el Ejército Popular para la Liberación de Sudán (SPLA) en Kenia.
El 5 de mayo de 2006 el principal grupo rebelde de Darfur y el gobierno de Sudán alcanzaron un acuerdo de paz «con reservas». Sin embargo, otras dos formaciones disidentes se negaron a firmar el tratado.
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