El secretario de Londres para el Brexit David Davis junto al negociador de la UE Michel Barnier.
Las tan esperadas negociaciones para definir cómo se concretará el Brexit comenzaron este lunes y el primer consenso al que llegaron Londres y la Unión Europea (UE) fue comprometerse a un divorcio ordenado que incluya un acuerdo en política migratoria para los ciudadanos de ambas partes, para la frontera entre Reino Unido e Irlanda y sobre el monto que los británicos deberán pagar para saldar sus compromisos con el bloque.
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"En un primer paso, trataremos con los temas más apremiantes. Debemos despejar la incertidumbre que causó el Brexit. En un segundo pasado, analizaremos nuestra futura asociación", resumió uno de los cuatro negociadores por la UE, Michel Barnier, en una conferencia de prensa conjunta con su contraparte británica, el ministro David Davis, después de su primera reunión en Bruselas.
Ambos negociadores informaron que, a partir de ahora, se reunirán una semana al mes hasta el 29 de marzo de 2019, el plazo final en el que, haya o no un acuerdo definitivo, se activará la salida de Reino Unido del bloque europeo.
Davis señaló que la mayor parte del tiempo de esta primera jornada lo ocupó la cuestión de la frontera de Irlanda del Norte con Irlanda, que sería la única entre el Reino Unido y la UE tras el Brexit y que, dijo, debería ser "lo más invisible posible" para evitar que se ponga en peligro la paz y la estabilidad política en la región.
Barnier, por su parte, señaló que la voluntad de la UE es también que "se cumpla absolutamente el acuerdo de Viernes Santo" que puso fin al conflicto de Irlanda del Norte, si bien señaló que sí deberá existir una frontera con todas sus consecuencias para los servicios y mercancías, al quedar el Reino Unido fuera del mercado común.
Sobre los derechos de los ciudadanos europeos y británicos que viven en el territorio de la otra parte, el vocero del equipo de Londres señaló que la primera ministra Theresa May presentará un "escrito de propuesta" en la cumbre comunitaria de jefes de Estado y gobierno de este jueves y viernes, un documento que también trasladará al Parlamento británico.
Este es un tema sensible no sólo para los socios europeos de Londres, sino para la propia dirigencia británica, que se ha demostrado muy dividida en el Parlamento e, incluso, dispuesta a presionar a la premier May, si ésta no consigue un acuerdo que garantice el status privilegiado de los ciudadanos europeos en Reino Unido y de los británicos en el bloque.
Según acordaron este lunes, una vez que puedan firmar un marco regulatorio para estos temas prioritarios, Londres y Bruselas comenzarán a discutir cómo será su relación pos divorcio.
Davis destacó que, en el futuro, a nivel comercial, "a ambos" les interesa una "asociación lo más fuerte posible", pese a que Barnier aclaró que "el Reino Unido ya no tendrá los beneficios que tenía cuando era miembro de la Unión", según informó la agencia de noticias EFE.
"El Reino Unido se va de la UE, no al revés. Es la realidad, y que cada uno asuma las responsabilidades, que son humanas, económicas, etc, y no hay que subestimar esas consecuencias", advirtió el negociador jefe europeo cuando un periodista le preguntó qué concesiones pensaba hacer Bruselas a Londres en las negociaciones.
"No es que tenga que hacer concesiones, tampoco hay interés de revancha. Intentaré todo el rato de dejar la pasión a un lado y limitarme a la base legal y al buen espíritu", agregó Barnier.
Por su parte, Davis buscó dejar clara cuál será la posición del Reino Unido, especialmente después del duro golpe electoral que sufrió el oficialismo conservador de May y el tenso debate que crece en Londres sobre un Brexit duro o blando.
El ministro británico aseguró ante la prensa que el gobierno de May no había cambiado de posición tras las elecciones generales y ratificó que Londres tratará de abandonar el mercado único y la unión aduanera, y también buscará diseñar un acuerdo comercial por separado con el bloque europeo.
La primera reunión de este lunes supuso el arranque real de las negociaciones en un proceso oficialmente iniciado el pasado 29 de marzo con la activación del artículo 50 de los Tratados de la UE por parte de la conservadora May, fecha en la que se abrió el plazo de dos años para lograr un acuerdo.
Pese a la cautela demostrada por los dos jefes negociadores hoy, el tiempo apremia.
En el plazo máximo de dos años, ambas partes no sólo deben negociar y llegar a un acuerdo sobre un sinfín de temas, muchos de ellos sensibles; sino que una vez diseñado un marco regulatorio para el divorcio, éste debe ser aprobado por separado por cada uno de los 27 miembros de la UE, un proceso que, según cada país, puede incluir el Parlamento local, lo que abre un nuevo escenario de difíciles negociaciones políticas al interior de cada nación.
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