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El paro se extenderá desde las 11 locales hasta la medianoche, y el "cacerolazo", acompañado por un apagón en los hogares, tendrá una duración de 15 minutos a partir de las 20, propone la convocatoria de la central sindical, de tendencia izquierdista.
La denominada ley de "estabilidad fiscal" enviada por el presidente Jorge Batlle al Parlamento recibió hoy sanción en el Senado y pasó a la Cámara de Diputados, donde se descuenta que la coalición de gobierno le dará aprobación definitiva.
El llamamiento a la protesta se concretó en una reunión especial de la dirigencia sindical, que se declaró en "estado de alerta" acampada frente a la propia sede del Parlamento donde se debate el ajuste, que incluye nuevas cargas impositivas sobre los salarios y jubilaciones.
El proyecto oficial tiene el declarado propósito de abatir el déficit fiscal, situado hoy en 4,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mediante tributos que también alcanzan a las sociedades anónimas, nuevas cargas a los servicios públicos y extensión del impuesto al valor agregado (IVA) a algunos sectores hasta ahora exonerados.
El gobierno promueve también una fuerte reducción del gasto público, en el marco de medidas que el gobierno diseñó para superar la difícil situación económica que atraviesa Uruguay, abierta con la devaluación de la moneda brasileña a comienzos de 1999 y acentuada por la actual crisis argentina.
Uruguay entró en el cuarto año de recesión, con un desempleo de 14,8 por ciento de su población económicamente activa de cerca de 1,4 millones de personas, fuerte caída de sus exportaciones, un mercado interno deprimido y brusco descenso de sus reservas internacionales.
En el Senado el ajuste sufrió algunos cambios, ya que el Partido Blanco, socio del Colorado de Batlle en la coalición de gobierno, logró que no incluyese el IVA al transporte de pasajeros y al agua potable, y que los salarios y jubilaciones más bajos no sean alcanzados por los nuevos impuestos.
La coalición de izquierdas, Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP.FA), rechaza el ajuste y sus senadores se retiraron de la sala en el momento de la votación, por entender que las medidas pueden llegar a acentuar la recesión.
El impacto de la crisis argentina sobre la economía local fue reconocido incluso por el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que Uruguay negocia la ampliación de un préstamo de 743 millones de dólares, ya concedido para el próximo bienio.
En los primeros cuatro meses de 2002, Uruguay perdió reservas internacionales por 1.387 millones de dólares, y el sistema financiero experimentó retiros de depósitos por 2.553 millones de dólares, 1.827 millones de los cuales de no residentes, en su mayoría argentinos.
La resistencia sindical al ajuste ya promovió el domingo, cuando el proyecto de ajuste ingresó al Parlamento, un "cacerolazo" acompañado por apagones voluntarios, que tuvo amplia repercusión tanto en la capital como en ciudades del interior.
El gobierno uruguayo aspira a recaudar con el ajuste unos 230 millones de dólares este año, para reducir el déficit fiscal que bordea 900 millones de dólares, para llevarlo a 2,5 por ciento del PIB, de acuerdo a metas acordadas con el FMI.
El presidente Batlle dijo que las conversaciones para aumentar el apoyo financiero externo "están encaminándose en cada momento mejor", y anunció el inminente arribo a Montevideo de una misión del FMI para analizar ese financiamiento adicional.
El PIT-CNT, si bien no anticipó otras medidas concretas, dijo que tras la protesta de mañana continuará sus movilizaciones contra la política económica oficial, sin descartar una ampliación de las expresiones de rechazo.
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