El régimen de Micheletti ordenó el cierre de medios afines a Manuel Zelaya, luego de que se decretara la restricción de libertades públicas.
El régimen de facto de Honduras cerró dos medios de comunicación tras decretar la restricción de libertades públicas, al tiempo que el derrocado presidente Manuel Zelaya pidió a la comunidad internacional actuar de inmediato para evitar un magnicidio.
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Al cumplirse tres meses del golpe de Estado del 28 de junio, que sacó a Zelaya del poder, cientos de zelayistas se concentraban en el sector este de Tegucigalpa esperando marchar hacia el centro, pero no estaba claro si la manifestación sería permitida por las autoridades de facto.
Los dirigentes de la Resistencia Nacional contra el Golpe de Estado insistieron en que su lucha tiene un carácter totalmente pacífico y que en esa línea se mantendrán hasta lograr el retorno del orden constitucional al país.
La noche del domingo, el gobierno divulgó un decreto que restringe las libertades públicas de locomoción, expresión del pensamiento y reunión pública, el cual también autoriza a la Policía a efectuar detenciones sin orden judicial previa.
Tras el decreto, efectivos militares y policías allanaron los locales de la radioemisora Globo y del canal 36 de televisión y los sacaron del aire.
Ambos medios eran los únicos dos de cobertura nacional que mantenían una línea de clara oposición al régimen de facto encabezado por Roberto Micheletti.
El presidente Zelaya, quien el lunes de la semana anterior regresó de incógnito al país y se refugió en la embajada de Brasil, hizo un llamado a la comunidad internacional a "actuar inmediatamente" para evitar un magnicidio y un recrudecimiento de la represión contra el pueblo.
El gobernante permanece recluido junto a su esposa y unos 60 seguidores en el local de la sede diplomática, que está sitiada por centenares de efectivos militares y policías.
"Han silenciado las únicas voces que tenía el pueblo hondureño, están matando nuestro espíritu de forma cruel e inhumana", agregó Zelaya tras la clausura de ambos medios de comunicación.
En Washington, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, dijo que las medidas adoptadas por el gobierno de facto son incompatibles con la normalización del país y la celebración de las previstas elecciones de noviembre próximo.
"Las posibilidades de una normalización en Honduras, con miras a un restablecimiento constitucional y por lo tanto a tener elecciones democráticas, es el camino contrario al elegido el día de ayer", dijo Insulza en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, que examinaba la situación.
Ayer, las autoridades de facto "detuvieron" e impidieron el ingreso al país a cuatro diplomáticos de la OEA, que habían sido enviados a Honduras para preparar una nueva misión de cancilleres en el ánimo de encontrar una salida a la crisis política.
La cancillería explicó más tarde que los funcionarios de la OEA estaban advertidos de que no iban a ser admitidos por el momento, ya que el país está abocado un proceso de diálogo interno.
Sólo un funcionario de la OEA, el chileno John Biehl, fue aceptado e inició contactos con candidatos presidenciales y figuras políticas, a fin de hacer posible la llegada al país de una misión de cancilleres.
Insulza dijo que el objetivo de esa misión es buscar el camino para una solución del conflicto y el retorno del presidente Zelaya a la presidencia.
En tanto, diputados brasileños de distintos bloques viajarán a Honduras para resguardar la embajada en Tegucigalpa, luego de que el presidente de facto Roberto Micheletti insinuó que podría ocuparla.
Seis congresistas de igual cantidad de partidos políticos embarcarán hacia Honduras posiblemente esta semana, publicó el diario Folha de Sao Paulo.
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