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El Constitucional también considera ilegal el artículo que prevé el arresto obligatorio del extranjero que haya violado la orden de abandonar Italia en cinco días.
La ley de inmigración italiana, que lleva el nombre de sus dos principales mentores, los aliados de Berlusconi Gianfranco Fini (Alianza Nacional) y Umberto Bossi (Liga Norte), impone severas restricciones al acceso de extranjeros a Italia.
Además de establecer que sólo podrán entrar en el país los "sin papeles" que previamente tengan un contrato de trabajo y por su período de vigencia, fija penas de cárcel para los que sean expulsados y vuelvan a entrar ilegalmente, al crearse el delito específico de "inmigración clandestina".
Entre las medidas que introduce el texto figura la posibilidad de que se usen naves de la Armada para frenar los desembarcos de indocumentados.
La ley prevé asimismo la expulsión con acompañamiento inmediato a la frontera de los extranjeros descubiertos en situación ilegal y restringe la reagrupación familiar.
Sin embargo, abrió la puerta a la regularización de los indocumentados que ya se encuentren en Italia trabajando en el servicio doméstico (uno por familia) o al cuidado de personas ancianas o impedidas.
La oposición de centro izquierda, que había presentado recurso contra la ley por considerarla "racista", expresó hoy su satisfacción al considerar la decisión del Tribunal Constitucional como una "sentencia de civilización".
El diputado verde Paolo Cento afirmó hoy que "han tenido razón quienes en estos meses ha luchado con firmeza, e incluso con actos de desobediencia civil, contra la ley Bossi-Fini al considerarle inhumana y racista".
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