Un debate que crece en la región

Varios países de América Latina discuten en la actualidad modificaciones a las leyes que penalizan el aborto, un paso que ha generado ásperos debates en esas sociedades y duros enfrentamientos con la Iglesia católica, de fuerte influencia en la región. En nuestro país existe una ley que permite la interrupción del embarazo en ciertos casos, pero su puesta en práctica genera frecuentes polémicas.

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en base a datos obtenidos en 2003, se realizan unos 42 millones de abortos por año en todo el mundo. Mientras que en los países desarrollados 92% de estas técnicas fue segura, en los Estados más pobres 55% resultó insegura (en ese porcetanje se incluyen 94% de los aborros realizados en América Latina y el Caribe).

Argentina: El aborto es ilegal de acuerdo a los artículos 85, 86, 87 y 88 del Código Penal. La ley establece penas tanto para la mujer que se lo practica como para los profesionales que realizan el procedimiento. La misma norma estable dos causas de excepción a estas penas: cuando el aborto se practica para «evitar un peligro para la vida o la salud» de la mujer o si el embarazo proviene de una violación de «una mujer idiota o demente». Estas dos excepciones en la práctica raramente se cumplen: en casi todos los casos los médicos se niegan a practicar el aborto por sus propias convicciones o por dudas sobre el procedimiento judicial. En la actualidad, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires y la Cámara de Diputados de la Nación tra-tan proyectos para eliminar esas dilaciones y para liberalizar las interrupciones del embarazo.
Brasil: El aborto es un delito castigado con entre uno y cuatro años de prisión, pero se permite si la vida de la madre está en peligro o si el embarazo es producto de una violación. En este último caso, la mujer sólo debe presentarse en un centro de salud y denunciar su situación para que un médico le realice la intervención inmediatamente, sin necesidad de que se realicen pericias judiciales.

Atajo

Por esta razón, numerosas mujeres se amparan en la ley, aun sin haber sido víctimas de abuso sexual, lo que en la practica libera las interrupciones del embarazo. Esta es la alternativa que se analiza en la Cámara de Diputados de Argentina.

Chile: El tema es tabú y el aborto se penaliza el aborto con entre tres y cinco años de cárcel. En 1989 se derogó una reforma que permitía la interrupción del embarazo por cuestiones terapéuticas, y desde entonces no hubo cambios al respecto. La presidenta Michelle Bachelet libró una dura batalla contra la Iglesia tras firmar un decreto que autoriza el suministro de la píldora «del día después» a jóvenes de más de 14 años en el sistema de salud público.

México: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal de México aprobó en 2007 la reforma de las cláusulas del Código Penal capitalino que penalizaban el aborto. Hoy en día, las mujeres de todo el país acuden a la capital para abortar hasta las 12 semanas de embarazo. La ley anterior autorizaba la interrupción solamente en caso de violación, cuando hubiera malformaciones graves en el feto, o si la vida de la madre corría peligro.

Honduras, El Salvador y Nicaragua: El Código Penal hondureño considera el aborto la «muerte intencional de un ser humano en cualquier momento del embarazo», y lo castiga con entre tres y seis años de cárcel. Las leyes de El Salvador y Nicaragua también mantienen la prohibición total en cualquier circunstancia.

Cuba, Puerto Rico y Guyana: En los tres casos el aborto es libre.