Santiago - La movilización nacional convocada para hoy en Chile por numerosas organizaciones causa preocupación en un país donde es notorio el enfado por las desigualdades sociales y la rudeza del sistema económico.
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La movilización, que supondrá la paralización de gran parte de la actividad en Santiago debido a las dificultades de transporte y el riesgo de acciones violentas, está convocada por organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que espera la respuesta de más de medio millón de manifestantes.
El sector empresarial ha pedido al gobierno «mano dura» contra las protestas y, a su vez, el Ejecutivo oscila entre la crítica a la «mano estrecha» de los empresarios, la aceptación de las reivindicaciones sociales y la advertencia a los manifestantes de que no permitirá desórdenes públicos.
La convocatoria se produce en momentos en que incluso la Iglesia Católica de Chile, tradicionalmente sesgada hacia el sector empresarial desde los años 90, lanzó la idea de un «salario ético» ante el mínimo aumento que la CUT se negó a admitir.
Este salario mínimo, en negociaciones exclusivas entre el gobierno y el empresariado, recientemente pasó de 135.000 pesos (unos 260 dólares) a 144.000, unos 17 dólares más.
Mala distribución
En Chile, la renta per cápita alcanzó en 2006 los 12.983 dólares (medidos en paridad de poder adquisitivo), lo que, comparado con el salario mínimo, da idea de la mala distribución del ingreso en un país que ocupa uno de los quince últimos puestos del mundo en igualdad económica, según el Informe de Desarrollo Humano de la ONU.
El empresariado y el partido más conservador, la Unión Demócrata Independiente (UDI), criticaronla propuesta de la Iglesia. El malestar social se ha agravado con la puesta en marcha, este año, de un servicio de transporte urbano en Santiago en el que ha primado la búsqueda de lucro empresarial y que ha perjudicado a la mayoría de la población, especialmente en los vecindarios más pobres.
La presidenta socialista Michelle Bachelet ha afirmado que ella y su gobierno de la Concertación comparten las quejas ciudadanas, pero que los reclamos se deben manejar en negociaciones y no en manifestaciones.
Análisis
Recientemente, la mandataria convocó una comisión nacional para estudiar la desigualdad económica y social, en la que no participan la CUT ni la izquierda sin representación parlamentaria, incluido el Partido Comunista.
Este sector político también manifiesta su impaciencia por el retraso del gobierno en cumplir su promesa electoral de modificar la ley de los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) que deja fuera de la representación parlamentaria a casi 10% de la ciudadanía.
Esta reforma, como otras de carácter social, han sido frenadas en el Parlamento, donde la Concertación mantiene un difícil equilibrio al tener que hacer frente a la oposición de derecha y a los parlamentarios llamados « díscolos» de la propia coalición de gobierno.
Ante esta situación de enojo popular, caracterizado por la sensación de agravio de amplios sectores de la población, se teme que las protestas de hoy puedan degenerar en actos violentos, de los que la CUT ya ha dicho que no se hace responsable.
El gobierno ha dispuesto la movilización de un millar más de carabineros (policía militarizada), pero amplios sectores de la población cancelaron sus actividades de hoy, especialmente en el centro de la ciudad y en los barrios más populares.
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