El conflicto por el cierre de FATE sumó un nuevo capítulo con una movilización encabezada por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) para rechazar la decisión de la Fiscalía de San Fernando de citar a declaración indagatoria a 24 trabajadores y dirigentes sindicales, entre ellos el secretario general Alejandro Crespo, por los hechos vinculados con la ocupación de la planta de Virreyes tras el anuncio del cese de actividades del pasado 18 de febrero.
La protesta del gremio se enmarca en una estrategia más amplia de defensa de los puestos de trabajo luego de que la histórica fabricante de neumáticos anunciara el cierre de su establecimiento y el despido de 920 trabajadores.
Esa medida derivó en la toma de la planta por parte de empleados que buscaban impedir el desmantelamiento de las operaciones y reclamar una solución para preservar la actividad industrial.
Desde el sindicato calificaron las citaciones judiciales como un intento de “criminalizar el legítimo derecho de huelga” y sostuvieron que la investigación busca intimidar a quienes participaron de las medidas de fuerza desplegadas durante el conflicto.
En un comunicado difundido antes de la movilización, el SUTNA manifestó su “total repudio a la decisión persecutoria de la Fiscalía de San Fernando”, que convocó a declarar a trabajadores de base, delegados, integrantes de la seccional San Fernando, miembros de la comisión directiva y al propio Crespo.
Según el documento sindical, la medida judicial pretende “amedrentar la lucha por la continuidad de la única fabricante nacional de cubiertas para camiones y colectivos” y desalentar las acciones destinadas a evitar “la pérdida permanente de miles de puestos de trabajo”.
El gremio considera que la causa penal representa “un antecedente preocupante” para el ejercicio de la actividad sindical y para el derecho constitucional de huelga.
En su pronunciamiento, el SUTNA también recordó que la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro revocó previamente una orden de desalojo y sostuvo que los hechos debían entenderse dentro del marco de un conflicto laboral.
De acuerdo con el gremio, ese tribunal consideró que los operarios habían decidido adoptar una medida de acción directa en defensa de sus puestos de trabajo y remarcó que la huelga está reconocida por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Sobre esa base, la organización sindical sostiene que las indagatorias impulsadas por la fiscalía contradicen el criterio adoptado por la Cámara y representan una forma de persecución contra quienes participaron de una protesta gremial vinculada con la defensa del empleo.
En paralelo con la movilización contra las citaciones judiciales, el SUTNA confirmó que prepara una nueva movilización a La Plata. Según informó el sindicato, una asamblea general resolvió organizar una acción para visibilizar el pedido de audiencia formulado al gobernador Axel Kicillof, que hasta el momento -denuncian los trabajadores- no obtuvo respuesta.
El objetivo de esa acción es reclamar una intervención más activa del gobierno provincial en la búsqueda de alternativas para preservar la producción y los puestos laborales. El gremio sostiene que la reapertura de la planta continúa siendo una prioridad y que las autoridades bonaerenses deben involucrarse de manera directa en las negociaciones.
