FATE: el conflicto escala al plano político tras el fracaso de la conciliación y el guiño de Axel Kicillof en el Congreso

Con aval del gobernador, diputados nacionales presentaron proyectos de ley que declaran la emergencia nacional de la industria de neumáticos y la ocupación temporal de la fábrica.

El gobernador Axel Kicillof ya mantuvo contactos informales con el Sindicato del Neumático por el cierre de FATE.

El conflicto por el cierre de la fabricante de neumáticos FATE atraviesa un nuevo punto de inflexión. Con el vencimiento de la prórroga de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, la instancia administrativa demostró nuevamente que -al menos en este caso- no es eficiente como herramienta para encontrar una solución al conflicto.

La última audiencia realizada este 21 de abril dejó expuestas posiciones cada vez más distantes entre la empresa y el sindicato, al tiempo que comenzaron a emerger señales concretas de respaldo desde el entorno del gobernador Axel Kicillof.

Por un lado, la compañía rechazó la convocatoria a nuevas audiencias una vez vencidos los plazos formales de la conciliación, que caducó este martes.

Por otro lado, el Sutna ratificó que la instancia administrativa sigue vigente hasta tanto el conflicto no se haya resuelto. Esta disputa formal sintetiza, en los hechos, el agotamiento del canal institucional que había servido hasta ahora como marco de negociación.

Proyectos de ley en el Congreso Nacional

En ese contexto, la discusión avanzó otro escalón hacia el plano político y legislativo. Durante la audiencia, el sindicato puso el foco en la reciente presentación de dos proyectos de ley en el Congreso Nacional, impulsados por diputados vinculados al oficialismo bonaerense y al espacio del gobernador Kicillof.

Según expresó la organización gremial, estas iniciativas constituyen una señal clara de que el conflicto comienza a ser abordado como un tema de interés estratégico nacional.

El primero de los proyectos propone declarar la “emergencia nacional de la industria del neumático”, con un esquema de protección que incluye medidas arancelarias, tributarias y aduaneras, así como la priorización de la compra de producción nacional por parte del Estado.

El texto también contempla el restablecimiento de controles de seguridad sobre los neumáticos, en una lógica de fortalecimiento integral del sector.

El segundo proyecto avanza un paso más allá al plantear la “ocupación temporal” de FATE, bajo el argumento de que su actividad reviste un carácter de interés nacional.

El sindicato subraya que la empresa es la única productora de neumáticos para camiones y colectivos en el país, lo que le otorga una relevancia crítica tanto en términos productivos como logísticos.

De acuerdo con lo expresado por el gremio en la audiencia, ambas iniciativas se suman a otros proyectos presentados tanto en el Congreso como en la Legislatura bonaerense, que coinciden en dos ejes centrales: que la continuidad de FATE no puede ser considerada una decisión meramente comercial, y que su funcionamiento resulta clave para el país, especialmente en lo que respecta a la preservación del empleo y la capacidad industrial.

“El funcionamiento de FATE tiene una relevancia concreta para el funcionamiento de nuestro país”, sostuvo el sindicato, que además remarcó que la reactivación de la planta debe contemplar la protección efectiva de los puestos de trabajo.

En esa línea, la organización plantea que la resolución del conflicto podría acelerarse si se avanza en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, donde -según su visión- existe una mayoría política favorable a una intervención.

“No perdemos de vista que la resolución sobre la ocupación temporal de FATE debe ser impulsada con fuerza en la Provincia de Buenos Aires, entendiendo que es el ámbito donde puede resolverse este conflicto de manera inmediata”, expresó.

Discusión por los salarios caídos y las indemnizaciones

Mientras tanto, la empresa mantiene una postura firme respecto de que el cierre de la fábrica no tiene marcha atrás. En el acta de la audiencia, dejó constancia de que declina la instancia administrativa y rechaza la continuidad de las negociaciones bajo ese formato.

Además, sostiene que el proceso de desvinculación avanza y que cada vez son menos los trabajadores que permanecen en conflicto.

“A la fecha solo existe un grupo de alta, algo superior a los 100 empleados”, indicó la compañía, aludiendo a los trabajadores que todavía se mantienen dentro de la plantilla.

Según su versión, ese grupo incluye un número significativo de delegados y ex delegados sindicales, lo que refuerza la idea de que el núcleo del conflicto se concentra en sectores vinculados a la representación gremial.

Al destacar la reducción del universo de trabajadores en conflicto, la compañía busca mostrar que el proceso de reestructuración avanza y que la mayoría de los empleados ya optó por aceptar las condiciones de desvinculación propuestas. De este modo, intenta debilitar la posición del sindicato en la negociación.

La semana pasada la empresa aseguró que el remanente era de 230 operarios. Y esta semana habló de “algo superior a 100”, aunque no aclaró cuánto más.

El gremio volvió a rechazar esa interpretación y sostuvo que la empresa nunca acató plenamente la conciliación obligatoria, lo que -a su juicio- invalida cualquier argumento basado en el vencimiento de los plazos administrativos.

“La conciliación obligatoria no es la terminación de la instancia administrativa”, afirmó, y agregó que el conflicto seguirá abierto en tanto no se haya alcanzado una solución de fondo.

Otro de los puntos de tensión gira en torno al pago de salarios adeudados. La empresa señaló que apeló el fallo de Cámara que la obligaba a abonar esos montos y que el tema se encuentra fuera del ámbito de la audiencia. Según su versión, el sindicato reconoció en su respuesta haber omitido información relevante en la denuncia que dio origen al reclamo.

El Sutna, por su parte, vinculó esta cuestión con el amparo judicial presentado en relación con un acuerdo firmado en mayo de 2025, en el que la empresa se comprometía a no realizar despidos hasta julio de 2026. En ese marco, destacó que la Justicia dispuso un embargo por 3.000 millones de pesos sobre FATE, con el objetivo de garantizar el pago a los trabajadores que no perciben ingresos desde el inicio del conflicto.

El sindicato incluso llamó a esos trabajadores a presentarse en la seccional de San Fernando para completar la documentación necesaria que se necesita para acceder a los pagos.

Conciliación obligatoria sin resultados concretos

El reiterado fracaso de la conciliación obligatoria y la negativa de la empresa a continuar negociando en ese ámbito dejan al conflicto en una suerte de vacío institucional, que comienza a ser ocupado por iniciativas legislativas.

En este contexto, el rol del gobernador Axel Kicillof aparece como un factor clave. El Sutna venía reclamando que el gobernador se involucre más activamente. Incluso presentó un pedido formal en la gobernación para concretar una reunión, que todavía no obtuvo respuesta.

Ahora, la presentación de proyectos de ley por parte de diputados alineados con su espacio fue interpretada como una señal concreta de involucramiento. Para el Sindicato, se trata de un paso en la dirección correcta y de un indicio de que el conflicto podría encontrar una resolución a través de mecanismos políticos.

La audiencia del 21 de abril concluyó con la convocatoria a una nueva reunión para el 28 de abril, bajo apercibimiento de sanciones en caso de incomparecencia. Sin embargo, la postura de la empresa anticipa un escenario en el que esa instancia podría no concretarse en los términos previstos. La amenaza de sanciones, en ese sentido, aparece como un recurso limitado frente a una parte que ya decidió retirarse del proceso administrativo.