Lácteos Verónica frenó la quiebra en la Justicia, pero mantiene salarios impagos y producción paralizada

Según consta en la Justicia, canceló una deuda de $23 millones para frenar un pedido de quiebra, en medio de incumplimientos, producción detenida y salarios adeudados

La empresa tiene más de 700 trabajadores y sus plantas están paralizadas por incumpliento en el pago de salarios y falta de materia prima. 

Lácteos Verónica logró frenar un pedido de quiebra en su contra tras cancelar una deuda de $23,2 millones en sede judicial, en una maniobra que le permitió evitar el avance del proceso falencial pero que no modifica el cuadro general de la compañía: salarios impagos, plantas paralizadas y una actividad prácticamente inexistente.

Según consta en la Justicia, el pago fue realizado el 17 de marzo en el marco de un expediente iniciado por un proveedor, que reclamaba el cobro de facturas respaldadas con cheques rechazados. La transferencia por poco más de $23,2 millones permitió dar por cancelada la acreencia y desactivar el pedido de quiebra.

La causa había sido impulsada por la empresa Envases Food Solutions, que acudió a la vía concursal tras no lograr el cobro de su crédito por canales ordinarios. El reclamo se apoyaba en cheques emitidos por la láctea que fueron rechazados por falta de fondos y en una deuda comercial que, con intereses, superaba los $23 millones.

Frente a ese escenario, la empresa optó por cancelar el monto exigido y evitar que el expediente avanzara hacia una declaración de quiebra. En su defensa, había sostenido que no se encontraba en estado de cesación de pagos y que el pedido constituía un mecanismo impropio de presión para el cobro de una deuda.

Sin embargo, en el mismo expediente, el acreedor argumentó que la situación excedía ese crédito puntual y que existían múltiples incumplimientos, cheques sin fondos y una ruptura de la cadena de pagos, además de un deterioro operativo visible.

Deuda en aumento pagos selectivos

El pago de $23 millones permitió resolver un conflicto puntual, pero se da en un contexto donde la compañía acumula cerca de 3.000 cheques rechazados por más de $11.200 millones, además de deudas con bancos, proveedores y trabajadores.

La cancelación de esa obligación puntual no implica una regularización del pasivo general, sino una respuesta focalizada frente a un riesgo inmediato: la quiebra. De hecho, en el expediente se detalla que el reclamo de este proveedor no era aislado, sino parte de un escenario más amplio con otros procesos judiciales, incumplimientos comerciales y dificultades financieras sostenidas.

En ese marco, la empresa logra contener frentes críticos de corto plazo, pero sin revertir su situación estructural.

El impacto más visible de esa situación se da en el frente laboral. Más de 700 trabajadores continúan sin cobrar sus salarios en forma regular, con atrasos que se arrastran desde fines de 2025.

Según relatan desde las plantas, desde febrero directamente no se registran pagos en varios casos, lo que obligó a los empleados a recurrir a changas, asistencia familiar o endeudamiento para sostener gastos básicos. Algunos incluso comenzaron a desvincularse por cuenta propia o iniciaron reclamos judiciales.

El conflicto ya tuvo episodios de protesta, con cortes de ruta en Santa Fe y movilizaciones en localidades como Lehmann, tras la ausencia de la empresa a audiencias convocadas por la Secretaría de Trabajo.

En paralelo, la estructura productiva sigue prácticamente detenida. Las plantas de Lehmann, Clason y Suardi operan de forma intermitente o directamente están paralizadas, sin volumen suficiente de materia prima para sostener la actividad. En el caso de Lehmann, la recepción de leche cayó desde niveles históricos de entre 500.000 y 600.000 litros diarios a volúmenes mínimos.

La interrupción de los acuerdos de producción a fasón, que entre septiembre y enero habían permitido sostener cierta actividad y pagos semanales, terminó de profundizar el freno operativo. Esos convenios no se renovaron tras incumplimientos y dejaron a la empresa sin una fuente alternativa de ingresos.

El conflicto ya tuvo episodios de protesta, con cortes de ruta en Santa Fe y movilizaciones en localidades.

Presión política y escenario abierto

En este contexto, los trabajadores comenzaron a buscar canales por fuera de la empresa y el gremio. Esta semana, representantes de las plantas de Lehmann, Clason y Suardi tienen previsto presentarse en la Legislatura de Santa Fe, donde mantendrán reuniones con diputados, senadores y funcionarios provinciales.

El objetivo es impulsar alguna alternativa que permita reactivar las plantas, sostener los puestos de trabajo y recomponer la cadena de pagos, en un escenario donde la compañía no da señales de reordenamiento.

La iniciativa apunta a construir un esquema transitorio que permita volver a producir, aunque sea de manera parcial, con algún tipo de respaldo político o institucional. En paralelo, también crecen los cuestionamientos al rol del gremio, al que los trabajadores le reclaman mayor intervención en el conflicto.

Mientras tanto, la empresa se mueve para evitar la quiebra ante los pedidos de acreedores, con respuestas puntuales como el pago realizado en marzo. Sin embargo, la situación financiera sigue deteriorándose y los frentes abiertos se multiplican. A los cheques rechazados, las deudas comerciales y bancarias, se suman los salarios impagos y la falta de actividad.

En ese marco, tampoco aparece una alternativa de venta, ingreso de capital o reestructuración que permita ordenar la compañía.

Al mismo tiempo, dentro del conflicto comenzó a instalarse otro eje de discusión. Mientras la empresa mantiene deudas con trabajadores y proveedores, logró reunir fondos para cancelar una obligación puntual en la Justicia, lo que generó cuestionamientos sobre el manejo financiero.