16 de mayo 2023 - 00:00

Aborto legal y la objeción de conciencia tributaria

La medida impulsada prevé una fuente de recursos específica para el financiamiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo mediante la creación de una contribución especial y, paralelamente, introduce la aplicación del derecho humano reconocido constitucionalmente.

El pasado 27 de abril de 2023, el diputado neuquino Francisco Sánchez presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley identificado bajo el Expte. Nro. 1791-D-2023 destinado a que la actividad del Estado contenida en la ley del aborto seguro y gratuito denominada “Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo”(1) sea financiada por contribuyentes que estén a favor del aborto legal para lo cual establece una contribución especial anual afectada a tal fin. Ello así por cuanto la citada ley de interrupción omite indicar cuáles son los fondos afectados para su cumplimiento, existiendo un vacío legal en tal sentido.

En la actualidad, el aborto legal se financia con la recaudación del Estado en tanto que el proyecto comentado prevé la creación de un Fondo de Financiamiento para solventar todo gasto derivado de la aplicación de la ley en los sistemas públicos de salud nacional, de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, en determinadas obras sociales(2) incluyendo las del Poder Legislativo, Judicial y Universitarias, en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y en las obras sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Aspectos principales del fondo

El proyecto identifica como sujetos contribuyentes a las personas humanas con domicilio en nuestro país y a quienes no tengan ese domicilio cuando requieran los servicios en el marco de la ley del aborto. También son contribuyentes las personas jurídicas con objeto social específico y aquellas que opten voluntariamente serlo, fijando montos mínimos para el año 2023(3). A su vez, establece los sujetos exceptuados de este tributo entre los que se encuentran las personas humanas y jurídicas cuando, por sus convicciones morales, religiosas o similares, sean objetores de conciencia de la ley de aborto y podrán eximirse además quienes acrediten su falta de capacidad contributiva. Finalmente, el proyecto establece la forma de recaudación y de distribución del Fondo, la cobertura integral de las prestaciones (diagnóstico, intervenciones, medicamentos y terapias de apoyo) y la prohibición de afectar otros recursos públicos fuera de los reglados en dicho proyecto.

Este proyecto de ley significa un reconocimiento al derecho a la objeción de conciencia en Argentina(4). En otras palabras y a modo de ejemplo, así como muchos jóvenes rusos invocan la objeción de conciencia para no ir a la guerra contra Ucrania por motivos éticos y/o religiosos, en Argentina son muchos los ciudadanos que por esos mismos motivos son coincidentes en invocar la objeción de conciencia frente a la ley de aborto legal para no financiar con su trabajo y sus impuestos la actividad reglada por esa ley que, entre 2021 y 2022, produjo la interrupción de 153.317 embarazos, según datos oficiales obtenidos de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva dependiente del Ministerio de Salud de la Nación(5).

En rigor, para los objetores de conciencia argentinos, esas denominadas interrupciones de embarazos en el marco de la ley de aborto significa que, en tan solo dos años, fueron 153.317 personas por nacer en Argentina que no pudieron nacer porque se les quitó la vida con la asistencia económica del Estado que utilizó los fondos públicos proveniente del pago de sus impuestos.

A manera de conclusión

En síntesis, si bien la contribución especial prevista en el proyecto de ley del diputado Sánchez permitirá sostener el aborto legal en Argentina con fondos específicos y así cumplir la ley, introduce el derecho humano a la objeción de conciencia tributaria y constituye un reconocimiento a la vigencia de la Constitución Nacional(6).

(*) Especialista en temas tributarios y de la seguridad social [email protected]

(1) Ley 27.610 (B.O.: 15.01/2021)

(2) Leyes 23.660, 23.661 y 24.741

(3) Para las personas humanas, $ 30.000 anuales y para las personas jurídicas, el 21% de los ingresos reflejados en el Estado de resultados o en Cuenta de gastos y recursos.

(4) El 21 de abril de 2021, un grupo de diputados liderado por el diputado neuquino Francisco Sanchez ya había presentado un proyecto similar identificado bajo el Expte. Nro. 1597-D-2021, Trámite Parlamentario Nro. 36.

(5) Información publicada en www.notivida.org Año XXII, Nro. 1319, 30 de marzo de 2023.

(6) Arts. 18, 33, 75 incisos 12, 22 y 23 y concordantes.

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