Análisis en torno a la inconstitucionalidad de reciente cuasimoneda

La Legislatura de la Provincia de La Rioja acaba de sancionar la ley de creación de los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE). La nueva norma es inconstitucional.

La irrupción de los Bonos de Cancelación de Deudas (BOCADE) a probados por la Legislatura riojana, trae aparejado la valoración jurídica de los mismos en función de las disposiciones constitucionales provinciales y nacionales.
La irrupción de los Bonos de Cancelación de Deudas (BOCADE) a probados por la Legislatura riojana, trae aparejado la valoración jurídica de los mismos en función de las disposiciones constitucionales provinciales y nacionales.
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La irrupción de los Bonos de Cancelación de Deudas (BOCADE) a probados por la Legislatura riojana, trae aparejado la valoración jurídica de los mismos en función de las disposiciones constitucionales provinciales y nacionales.

La Legislatura de la Provincia de La Rioja acaba de sancionar la ley de creación de los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE). La nueva norma es inconstitucional.

Normas constitucionales

En efecto, el art. 72 de la Constitución provincial del año 2008 prevé respecto de los empréstitos que “ningún compromiso de esta clase podrá contraerse sino para obras públicas”, aunque en su último párrafo, como excepción, sostiene que “La ley que provea a otros compromisos extraordinarios deberá especificar los recursos ESPECIALES en que debe hacerse el servicio de la deuda y su amortización”. La reciente legislación establece en su art. 12 que “Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley serán atendidas con recursos de Rentas Generales”, es decir, con los ingresos normales y habituales de la Provincia, y no con recursos especiales, como lo requiere la norma citada.

Asimismo, viola disposiciones constitucionales y legales de carácter federal establecer que estos Bonos (que, dicho sea de paso, no tienen fecha de vencimiento ni prevén el pago de interés alguno), pueden darse en pago de las “obligaciones salariales” en hasta en un 30% del salario líquido (sin indicar si se trata del salario de los empleados públicos o privados), porcentaje que podrá variarse por el dictamen vinculante de la Comisión de Seguimiento y Control creada por el art. 11 de la ley, sin especificar si la variación puede consistir en un incremento o en una disminución de tal porcentaje.

La obligatoriedad de recibir los Bonos en pago del salario, con efecto extintivo de la obligación, les otorga “curso forzoso”, que es, precisamente, la característica de la moneda.

La Constitución Nacional reserva al Gobierno Federal la facultad de emitir moneda (art. 75 inc. 11, texto de 1994, y art. 67 inc. 10, texto de 1853/60) y prohíbe expresamente a las Provincias ejercer tal potestad (art. 126, texto de 1994, y 108 de 1853/60).

La ley provincial mencionada viola también el monopolio de emisión de moneda previsto en los artículos 17 y 30 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina.

Antecedentes doctrinarios y judiciales

En algún aislado caso en el que los Bancos Provinciales emitieron moneda, lo ha sido con la condición de contar con la previa conformidad del Gobierno Federal, como las “notas metálicas” del Banco de la Provincia de Buenos Aires, conforme una ley de 1876 (Néstor P. Sagüés, “Elementos de Derecho Constitucional”, Ed. Astrea, 1993, p. 687).

La Corte, en Fallos 176:5, sostuvo que la facultad de emitir moneda podía ser delegada por el Congreso Nacional a un ente no estatal, como lo fue en sus inicios el BCRA. Pero sin autorización del Congreso Nacional ningún otro ente puede emitir moneda, conforme el ya citado artículo 30 de la Carta Orgánica, al disponer que dicho ente “es el encargado exclusivo de la emisión de billetes y monedas de la Nación Argentina”, para agregar que “ningún otro órgano del Gobierno Nacional, ni los gobiernos provinciales, ni las municipalidades, bancos u otras instituciones cualesquiera, podrán emitir billetes ni monedas metálicas ni otros instrumentos que fuesen susceptibles de circular como moneda”. En tal sentido, finaliza sosteniendo que “Se entenderá que son susceptibles de circular como moneda, cualesquiera fueran las condiciones y características de los instrumentos, cuando: i) El emisor imponga o induzca en forma directa o indirecta, su aceptación forzosa para la cancelación de cualquier tipo de obligación; o ii) Se emitan por valores nominales inferiores o iguales a 10 veces el valor del billete de moneda nacional de máxima nominación que se encuentre en circulación (texto según ley 25.780, B.O. 8.9.2003).

Sagüés señala que el art. 30 de la Carta Orgánica ha tenido en mira los “bonos” que con inusual profusión circularon en algunas provincias en la década de 1980 (Salta, Tucumán, La Rioja), aun cuando el Estado Nacional nunca les reconoció “curso legal”, al igual que ocurrió con las cuasimonedas emitidas por otras Provincias a comienzos de este siglo (Chubut, Entre Ríos, Formosa, Río Negro, Salta, San Juan).

Ya Alberdi, en sus “Bases y puntos de partida” (Ed. Depalma, Bs. As., 1964, p. 92) hace referencia al tema, cuando afirma: “Dije que las provincias no podrían dar parte de su poder al gobierno central, y retener al mismo tiempo ese poder que daban. Por consiguiente, todos los poderes deferidos al gobierno general serán otros tantos poderes de que se desprenden ellas. ... No deberán expedir reglamento, ni dar ley sobre ... monedas ...”.

Por su parte, Zarini (“Análisis de la Constitución Nacional”, Ed. Astrea, 1986, p. 218) sostiene que el entonces art. 67 inc. 10 del texto de 1853/60 (hoy, inc. 11 del art. 75) al reglar la emisión dineraria es “expresión de soberanía política e independencia económica”, por lo que se explica la naturaleza exclusivamente federal de la atribución y la consiguiente interdicción a las provincias para hacerlo, coincidiendo con Juan A. González Calderón, para quien sellar moneda es “un poder de la soberanía nacional, y en tal virtud incumbe ejercerlo al órgano gubernamental que auténticamente la representa, al Congreso. Por eso mismo la Constitución prohíbe expresamente a las provincias acuñar moneda, pues estas no son Estados soberanos, sino entidades autónomas dentro de la Nación, con poderes circunscriptos a todo lo que es puramente regional o local, en cada caso” (Curso de Derecho Constitucional, Ed. Kraft, 1967, p. 433).

Como otras normas de la Constitución Nacional el origen del inc. 11 del art. 75 podemos rastrearlo hasta el Art. I, Sección VIII, Cláusula 5 de la Constitución de los Estados Unidos de América, así como el antecedente del hoy art. 126 se encuentra en el Art. I, Sección 10 de la misma. Y la justicia de dicho país ha defendido la competencia federal al igual que la nuestra (“La Constitución de los Estados Unidos de América”, traducción de Segundo V. Linares Quintana y Mario Amadeo, Ed. Kraft, 1949).

Miguel A. Ekmekdjián (“Tratado de Derecho Constitucional”, T. IV, p. 482) dice, premonitoriamente: “Para paliar los crónicos déficits presupuestarios, la tecnoburocracia ha echado mano a cuanto medio, más o menos ingenioso, pudo alcanzar. Así, v. gr. es frecuente que la Tesorería obtenga fondos suplementarios para cubrir déficit e incluso disponibilidades transitorias (deuda flotante) de distintos modos, previstos en varias normas: ... emisión de títulos de deuda, ... etc. Estos y otros más, son recursos que implican una emisión monetaria no autorizada en la forma requerida por la Constitución Nacional y, por ende, ilegítima. ... Estos recursos no son genuinos... Además, son un escamoteo para encubrir el verdadero desfase entre ingresos y egresos”.

Salvador M. Lozada, al comentar el inc. 10 del art. 67 del texto de 1853/60 (“La Constitución Nacional anotada”, Ed. A. Peña Lillo, 1961, p. 155), transcribe esta opinión de Joaquín V. González (“Manual de la Constitución”, p. 450 y sigs.): “Su propósito principal es la uniformidad, haciendo desaparecer las diferencias que existían en todas las provincias, así en monedas, como en pesas y medidas”

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto de la atribución conferida al Congreso Nacional, y a la prohibición impuesta a los Gobiernos de Provincia, entre otros, en Fallos 52:431, 140:187, 148:65, 147:239 y 149:195 (Roberto Martínez Ruiz, “Constitución Argentina”, Ed. Kraft, 1945)

La unidad monetaria prevista en el artículo 75 inciso 11 de la Constitución Nacional, junto con la integración comercial (art. 75, inc. 13) y la integración fiscal (art. 75, incs. 1 y 2) es el trípode sobre el que descansa la consideración del país como un solo mercado, (Alberto R. Dalla Vía, “Derecho constitucional económico”, Ed. Abeledo-Perrot, 1999, p. 429, citando a Julio H. Olivera).

Es por todo lo expuesto que debo reiterar que el intento riojano es inconstitucional.

Abogado

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