Aporte de Grandes Fortunas, Dto. 42/21: las diferencias y omisiones con la Ley 27.605

Novedades Fiscales

El Poder Ejecutivo nacional reglamentó el denominado Aporte Solidario y Extraordinario para Mitigar los Efectos de la Pandemia, sin embargo el mismo no logra solucionar todas las cuestiones que surgen del texto legal.

La ley que estableció esta original norma es compleja para reglamentar: existen serias dudas si es realmente un aporte o bien se trata de un impuesto mientras que el destino de su recaudación tampoco está vinculado a la emergencia sanitaria. Como el proyecto tampoco fue impulsado por el PEN sino por el HCN, resulta explicable la dificultad en solucionar cuestiones tales como las que se mencionan a continuación:

¿La ley es susceptible de ser revisada por el PEN? Pareciera que eso no es posible debido a que según el HCN no se trata de un impuesto y adicionalmente a que la propia ley 27.605 en el art. 9 dispuso en forma clara que sólo ciertos aspectos podían ser regulados por la AFIP. Por el contrario, para que la reglamentación hubiera posible desde el punto de vista formal, debía habérsela dispuesto de modo expreso en la ley (o al menos no se hubieran delegado en AFIP solo las cuestiones allí establecidas en forma expresa).

Queda claro que este no es un reglamento delegado en los términos del art. 99 inc. 2 de la CN sino una norma independiente. En un contexto conflictivo como el que presenta la ley 27.605, la presente reglamentación impropia añade un argumento adicional para plantear la inconstitucionalidad por parte de quienes se sientan agraviados por la misma.

El decreto 42/2021 en forma relevante se ocupa de regular cuestiones societarias que fueron omitidas en la ley de fondo. Así, en materia societaria, se permite ejercer ciertas opciones discrecionales para valuar bienes que pueden favorecer a algunos accionistas pero no a todos (como las alternativas se deben ejercer para la totalidad de las tenencias, se estaría afectando la equidad horizontal).

Se mantienen los mismos valores de ciertas acciones e inmuebles existentes al último ejercicio cerrado a la fecha de sanción de la ley y por lo tanto según el DR la regla general es aplicar la valuación de las participaciones societarias que no coticen en bolsa al 31/12/2019. En nuestra opinión, ese criterio es aplicable también para las propiedades (al menos las ubicadas en el país) y automotores cuya valuación será coincidente con el IBP pasado. Los rodados que se encontraban al fin de su vida útil en 2019 tendrán valor cero al 18.12.2020.

Se mantiene la incertidumbre sobre si corresponde considerar a los efectos del aporte obligatorio a los bienes exentos en el IBP (cuya franquicia ya no se aplicará) y pero que también están por normas especiales aún vigentes, tales como la exclusión para la vivienda propia, bienes de diplomáticos extranjeros, ley 19.640 (Tierra de Fuego) y títulos públicos y otros demás valores que retienen las franquicias originales no derogadas.

El decreto 42/21 nada establece ni aclara respecto de cómo practicar la liquidación del aporte obligatorio, la división de los bienes gananciales entre los cónyuges que resulta obligatoria en la legislación de fondo vigente.

Inmuebles rurales. El Dec. 42 omite regularlo pero en nuestra opinión la eventual gravabilidad los bienes “comprendidos” en el IBP no alcanza para reintegrar a la “exclusión de objeto” originaria para los campos donde la exención que se deroga era una simple reiteración.

En el decreto se establece que a los efectos de la “repatriación” el plazo de 60 días se contará en “días hábiles administrativos”. A contrario sensu, sería posible interpretar que el plazo de 180 a considerar para la presunción de residencia (suponiendo que la presunción pudiera aplicarse en forma retroactiva) son días corridos por tratarse de un principio general de derecho y no de una norma fiscal (entre otros, AFIP-DGI c/Casino Buenos Aires SA s/DGI - Cám. Nac. Cont. Adm. Fed. - Sala V - 29/12/2020).

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