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31 de julio 2007 - 00:00

A los monotributistas no los defiende Moyano

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La falta de actualización de las escalas para los monotributistas hace que la AFIP, año a año, siga incorporando como responsables inscriptos al IVA a los titulares de las categorías más altas del monotributo, sin que esto se deba a un aumento real de sus ingresos, sino sólo a una desactualización de las escalas.

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Esta desactualización provocará un mayor costo administrativo de fiscalización y recaudación para monitorear el mismo monto, en términos reales, recaudado. Los ciudadanos, a la larga, tendrán que pagar los mayores costos provocados por esta negligencia. La creación de la figura del monotributo en 1998 implicó una simplificación del sistema impositivo para los pequeños contribuyentes, fijando un impuesto basado en una cuota fija mensual.

  • Beneficios

  • Esta simplificación benefició tanto a los responsables del impuesto como a la AFIP porque le aseguró a esta última la posibilidad de recaudar, minimizando la evasión con un bajo costo de fiscalización, al disminuir la estructura administrativa.

    El sistema resultó inclusivo al incorporar a los pequeños contribuyentes a la economía formal, dándoles cobertura previsional y de salud.

    En el caso de los servicios, abarca a quienes tienen ingresos inferiores a los 72.000 pesos anuales, y para las actividades comerciales el tope es de 144.000 pesos. Estos montos fueron fijados en las normas de creación del régimen y nunca fueron actualizados.

    En 2006, la cantidad de monotributistas creció en 19,4% y alcanzó un número de 1.873.798 contribuyentes. La recaudación de este sistema ronda los 1.500 millones de pesos, por lo que la no actualización producirá perjuicios al sistema recaudatorio ya sea que los contribuyentes de las escalas superiores se pasen al régimen de IVA y Ganancias como si deciden evadir y no pasarse.

  • Mala decisión

    En ambos supuestos, el fisco pierde por no actualizar, ya que si ajusta las escalas, las cuotas serán mayores y conservará lo recaudado. Esto demuestra que la no actualización es una mala decisión administrativa producto de la cual pierde el país.

    No hay criterio tributario que justifique el retraso y la discriminación para el monotributista en detrimento del resto de la población activa, ya que el sector participa con 1% respecto del total de recursos tributarios.
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