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Lo lógico, lo sano y lo recomendable sería dejar de impulsar la devaluación «artificial», dejar que el peso encuentre su nivel de equilibrio sin compras del Banco Central y eliminar las retenciones a las exportaciones, salvo situaciones muy puntuales y específicas que no viene al caso analizar. En particular, respecto de la producción ganadera, deberían eliminarse, además, las restricciones a la faena. El precio de la carne bajaría en pesos, aunque se mantuviera en dólares. Es decir, nuestros trabajadores y jubilados podrían consumir más carne sin perjudicar la exportación ni, por lo tanto, el ingreso de divisas que proviene de la demanda internacional que nuestros productores han logrado captar.
Pero no, el gobierno prefiere alentar la «sobredevaluación» y evitar su «costo político» reprimiendo algunas de sus consecuencias con prohibiciones, treguas, aprietes, etc., de modo selectivo, reaccionando caso por caso. Es el reino de la contradicción y la arbitrariedad, caldo innegable de la corrupción. Los tubos sin costura u otros bienes industriales, por ejemplo, pueden aprovechar la devaluación plena (la gente no los come), en tanto que la carne no podrá hacerlo. No es la magnitud de la renta lo que define ese comportamiento oficial, sino el impacto en la población del aumento provocado por el gobierno. La prohibición de exportar carne impedirá al país el ingreso de una enorme cantidad de dólares, y muchos trabajadores perderán sus empleos. Se oculta a la población que la causa de la inflación argentina es monetaria e institucional. Se alienta la emisión artificial de moneda para comprar «reservas» para pagarles a los organismos internacionales y se desconocen sistemáticamente las garantías constitucionales en los procesos de producción, comercialización y acumulación. La mezcla es claramente explosiva.
Lo previsible es que a la prohibición de exportación suceda la veda de consumo interno o los precios máximos, experiencias ya conocidas. Y lo mismo vale para los otros sectores en tanto orienten su oferta a mercados de consumo popular. Por ejemplo, la construcción de viviendas para alquiler se ha convertido en una alternativa frente al riesgo de ahorrar en los bancos; pero ¡cuidado!, si la inflación impulsa los alquileres, pueden volver los conocidos « congelamientos». Y así podríamos seguir indefinidamente.
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