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18 de marzo 2019 - 00:01

La oportunidad de hacer las cosas bien

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El contexto de la Argentina impulsa un cambio que puede ser aprovechado por los empresarios para generar un cambio positivo en sus empresas. ¿A qué riesgos se exponen si no lo hacen y qué ganarían si deciden aprovecharlo a su favor?

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Si bien la corrupción en Argentina tiene la lamentable característica de ser un tema recurrente, hubo dos hechos ocurridos en 2018 que le han dado una nueva dimensión y cuyas consecuencias aún no hemos terminado de ver. El primero de ellos fue la entrada en vigencia de la Ley N° 27.401, que prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas por delitos de corrupción y está obligando a realizar ciertos cambios en el ámbito empresarial. El segundo, y de mucho mayor impacto en la sociedad en general, fue la divulgación de la causa conocida como “los cuadernos de la corrupción”.

Para entender algunos de los cambios que ha impulsado la sanción de la ley de responsabilidad empresarial, cabe mencionar el artículo 22 de la misma, que indica que las empresas pueden implementar un programa de integridad preparado según los riesgos que presente la actividad que realicen. En el siguiente artículo se especifica que dicho programa debe contener un código de ética (o equivalente) aplicable a los directores, administradores y empleados, quienes deberán recibir capacitaciones periódicas. También deben incluirse en el programa procedimientos para prevenir ilícitos en concursos, procesos licitatorios, ejecución de contratos y toda interacción con el sector público. Finalmente, según el artículo 24, toda compañía que quiera ser contratada por el

Estado Nacional tiene que cumplir con lo dispuesto por los dos anteriores artículos de la ley. La implementación de un programa de integridad ha instalado en el ámbito empresarial la necesidad de informarse y capacitarse con respecto al tema. También resulta imperioso en muchas compañías repensar ciertas prácticas comunes y procedimientos internos que pueden dificultar el objetivo de operar con transparencia. Es decir que nos encontramos frente a un cambio que hace que hasta los más altos cargos de muchas empresas se familiaricen con el término compliance y promuevan su aplicación en toda la firma.

Esto se suma a que, en agosto de 2018, cuando la prensa comenzó a divulgar información sobre supuestos sobornos pagados por distintos empresarios a funcionarios públicos, el tema se instaló con fuerza en los principales medios del país. Sin embargo, este caso, de la misma forma en la que ocurrió con el Lava Jato en Brasil, dejó más expuesto al sector privado. En otras palabras, no solamente la clase política está siendo apuntada por un hecho de corrupción, sino que también están siendo investigados los empresarios responsables de los pagos irregulares.

Los perjuicios que puede sufrir una empresa por estar involucrada en un acto de corrupción son muchos. Como ejemplo actual puede mencionarse que hay compañías que han optado por no contratar a ninguna de las firmas mencionadas en la causa de los cuadernos o, incluso, a aquellas que hayan estado vinculadas a estas a través de Uniones Transitorias (UTEs). La justicia italiana, por otra parte, está investigando el accionar del grupo Techint en ese país para verificar si allí también han cometido algún ilícito, lo cual implica que en otros lugares del mundo se sigue atentamente el desarrollo de esta causa y no pueden descartarse futuras acciones contra las empresas que estén involucradas. A estos ejemplos se suma, además, que el daño reputacional que representa estar vinculado a un hecho de corrupción puede resultar irreparable.

Pero las consecuencias negativas no se limitan a las personas jurídicas. Hay compañías en las que se están llevando a cabo investigaciones internas para determinar quiénes fueron los responsables de tomar la decisión de pagar coimas y quiénes encubrieron estas acciones irregulares para separarlos de sus cargos.

Considerando entonces las graves consecuencias económicas, judiciales y reputacionales, entre otras, que traen aparejados los hechos de corrupción para una compañía, los empresarios en la Argentina tienen aún más motivos para generar un cambio profundo que los beneficie. Están frente a la chance de darle a la transparencia un valor distintivo que puedan sumar a sus empresas como una garantía de calidad y excelencia.

En muchos países desarrollados del mundo, consumidores y usuarios de todo tipo de productos y servicios están adoptando una postura mucho más consciente con respecto a estos temas a la hora de elegir cómo gastar su dinero. Prefieren comprarles a las empresas que gocen de buena reputación y que tengan imagen intachable, aunque esto implique incluso pagar un precio un poco más elevado, ya que son las compañías con las que sienten mayor empatía. No solamente valoran aspectos como que sean amigables con el medio ambiente o que cumplan con las leyes y las normas de cada país, sino que valoran especialmente que hagan sus negocios en forma transparente.

Por lo tanto, si los empresarios argentinos estuviesen dispuestos a aprovechar el cambio al cual los está impulsando el contexto actual para entender la implementación de políticas de compliance como un valor agregado, serían capaces de reducir significativamente el riesgo de sufrir consecuencias negativas para sus compañías y estarían más preparados para satisfacer las exigencias de sus clientes y usuarios. En ellos está el poder de sacarle el mayor provecho a esta oportunidad para generar un cambio positivo para sus empresas de la mano de la transparencia.

Director de Business Intelligence & Investigations en Kroll

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