Para congraciarse con un distrito remiso a la reelección presidencial y dar a la oposición de entonces liderada por los radicales (tradicionalmente fuertes en la capital) la posibilidad de controlar políticamente el distrito vidriera del país, la reforma del 94 otorgó a la Ciudad un estatus especial: una autonomía que en apariencia la transformaba en una suerte de ciudad-estado, pero que en la práctica es simplemente un presupuesto para hacer política. Nombres rimbombantes para los cargos («jefe de Gobierno» en lugar del tradicional «intendente», «Legislatura» en lugar de «Concejo Deliberante») pero, en los hechos, un retroceso respecto de la eficacia e inmediatez para la solución de los problemas.
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