El mercado laboral empieza a mostrar señales de deterioro que van más allá de la pérdida de puestos registrados: en 16 meses desaparecieron más de 30.000 empresas y, en paralelo, creció el monotributo. La evolución de la nómina puede anticipar problemas de liquidez, contingencias laborales y un deterioro empresarial mucho antes de que aparezcan en los balances.
La pérdida de empresas y empleos formales expone señales de deterioro que pueden anticipar problemas financieros y laborales.
Se perdieron 30.633 empresas en 16 meses y 137.500 asalariados privados en un año, mientras el monotributo sumó 42.700. La nómina anticipa el deterioro de una compañía mucho antes que el balance. Qué debería estar mirando quien evalúa una cartera, un proveedor o una adquisición.
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La Secretaría de Trabajo publicó el 15 de agosto los datos del SIPA correspondientes a mayo y el registro es el tercer mes consecutivo de caída del empleo registrado. Doce mil trabajadores menos respecto de abril y 109.700 menos que un año atrás. El asalariado privado formal, que es el segmento que interesa a cualquiera que mida riesgo, cayó 137.500 puestos en doce meses, un 2,2%, y quedó en 6,107 millones.
El dato que conviene mirar en paralelo lo aporta Fundar: 2.371 empresas dejaron de existir sólo en mayo, y desde noviembre de 2023 el país perdió 30.633 empleadores, un 6% del total. Son dieciséis meses consecutivos de caída mensual y veintisiete registros interanuales negativos seguidos. Veintiuna de veinticuatro provincias cayeron. Neuquén es la única que creció, un 1,6%, por razones que están a la vista.
Hasta acá, la lectura habitual, se destruye empleo porque se destruyen empresas. Es correcta, pero incompleta, y lo que falta es justamente lo que sirve para anticipar.
Porque hay un tercer número en la misma serie que rara vez se lee junto a los otros dos. En los mismos 12 meses en que se perdieron 137.500 asalariados privados, el monotributo sumó 42.700 aportantes y el régimen de casas particulares 6.500. No es una compensación estadística menor: es una migración. Una parte del empleo no desapareció, cambió de figura. Salió de la nómina y entró en la factura.
Esa distinción no es semántica y tiene consecuencias medibles para quien financia, provee o compra. Un asalariado registrado genera contribuciones patronales, cobertura de riesgos del trabajo, aportes sindicales, antigüedad computable y un pasivo indemnizatorio que crece mes a mes en el balance del empleador. Un monotributista contratado para hacer la misma tarea no genera nada de eso. La empresa que sustituye una figura por la otra no reduce su costo laboral: lo saca del balance y lo convierte en contingencia. La contingencia no aparece en el estado de resultados. Aparece tres años después, en una demanda por relación laboral encubierta, con intereses y costas.
Y aquí está el punto que me interesa dejar planteado. La secuencia con la que una empresa se deteriora es siempre la misma, y empieza por la nómina.
Primero deja de reponer las bajas. No despide, porque despedir cuesta: la indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo se paga con caja del mes, y una empresa con problemas de caja no elige el momento de tener problemas de caja. Entonces el que se va no se reemplaza, y la dotación baja sin que haya una sola desvinculación que registrar. En los papeles no pasó nada.
Segundo, aparecen los contratos que no son contratos. La locación de servicios con quien hacía la misma tarea en relación de dependencia, el pase a monotributo, la incorporación a través de una empresa de servicios eventuales. En este punto vale una advertencia que hoy tiene norma nueva: el decreto 407/2026, reglamentario de la ley 27.802 de modernización laboral, derogó el decreto 1694/2006 y reordenó por completo el régimen de servicios eventuales, con inscripción electrónica ante la Secretaría de Trabajo y habilitación automática a los quince días hábiles sin observaciones. Es un procedimiento más ágil, y por eso mismo va a ser más usado. Contratar a través de una eventual habilitada es legítimo; usarla para cubrir una necesidad permanente no lo es, y la solidaridad del usuario no desaparece por el hecho de que la agencia esté inscripta.
Tercero, el pago fraccionado. La liquidación final que se ofrece en tres cuotas, el acuerdo espontáneo, la invocación del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite abonar la mitad de la indemnización cuando la desvinculación obedece a falta o disminución de trabajo no imputable al empleador. Esa norma existe y es válida, pero exige acreditar la causal con prueba concreta, y en la enorme mayoría de los casos en que se invoca no se acredita. Cuando una empresa empieza a pagar el 247 sin poder probarlo, está diciendo que no puede pagar el 245.
Cuarto, y recién ahí, el procedimiento preventivo de crisis de los artículos 98 y siguientes de la ley 24.013, que debe abrirse antes de disponer despidos o suspensiones por causas económicas cuando afecten a más del 15% del personal en empresas de menos de cuatrocientos trabajadores, más del 10% entre cuatrocientos y mil, y más del 5% en las de más de mil. Para cuando una compañía llega a esa instancia, el deterioro ya lleva por lo menos un año.
Los primeros tres pasos ocurren íntegramente dentro de la liquidación de sueldos y no dejan rastro en ningún estado contable.
El cuarto es público. Entre uno y otro pueden pasar doce o dieciocho meses, y en ese intervalo la empresa sigue tomando crédito, sigue comprando a proveedores y sigue siendo evaluada con la información de siempre.
La distribución sectorial de la pérdida confirma dónde está corriendo el proceso. Desde agosto de 2023, la industria perdió 89.667 puestos, una caída del 7,5%. Textiles, confecciones y cuero encabezan con 28.088 empleos menos, un 23% del sector. Metalmecánica, 21.384. Automotores, 9.552. En la comparación interanual de mayo, la industria manufacturera cayó 53.000 puestos y el comercio 40.000. Del total de asalariados privados perdidos desde noviembre de 2023, 241.176 en conjunto, la industria explica el 35,5% y la construcción otros 62.747.
Hay un cambio normativo que va a hacer visible una parte de todo esto. El decreto 407/2026 rediseñó el recibo de sueldo y ahora exige incorporar un resumen del costo laboral total asumido por la empresa, discriminando aportes sindicales, seguridad y obra sociales. Se pensó como una medida de transparencia hacia el trabajador. Su efecto colateral es más interesante, por primera vez el propio recibo expone el costo total de cada puesto, y esa información, agregada, permite estimar la estructura real de una compañía con mucha más precisión que un balance cerrado hace ocho meses.
La conclusión no es que haya que dejar de mirar los estados contables. Es que el balance describe lo que ya pasó y la nómina describe lo que está pasando. Una empresa que dejó de reponer bajas, que empezó a contratar por fuera del convenio y que negocia sus liquidaciones finales en cuotas, todavía puede presentar un balance en orden.
Treinta mil empresas no desaparecieron en un mes. Se fueron vaciando delante de todos, y el registro donde eso se veía no lo estaba mirando nadie.