Lesa humanidad, reglas e institucionalidad: un test crítico para la seguridad jurídica

La consistencia del sistema frente a los delitos más graves también impacta en la previsibilidad económica.

A casi cinco décadas del quiebre institucional de 1976, el desafío excede el análisis histórico. Se vincula con la calidad de las reglas en el presente y con la capacidad del Estado para sostener límites claros.

Mariano Fuchila

En economías con fragilidades estructurales como la argentina, la seguridad jurídica suele analizarse en clave contractual, regulatoria o fiscal. Sin embargo, existe una dimensión menos visible, pero determinante: la capacidad del sistema para aplicar el derecho sin excepciones, especialmente frente a las violaciones más graves.

Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura constituyen un punto de referencia en ese sentido. No se trata únicamente de un tema histórico o de derechos humanos. Desde el punto de vista jurídico, son delitos imprescriptibles, no amnistiables y cuya persecución constituye una obligación estatal permanente, derivada de normas internacionales incorporadas al orden constitucional.

La experiencia argentina muestra que esa regla no siempre fue aplicada de manera consistente. Las normas que en su momento limitaron los procesos judiciales introdujeron un antecedente problemático: la posibilidad de suspender la responsabilidad jurídica en contextos críticos. Esa excepción tuvo efectos que excedieron el plano penal y proyectaron incertidumbre sobre la solidez del sistema normativo.

La posterior reactivación de los juicios no fue sólo una decisión política o simbólica. Implicó una recomposición de la coherencia jurídica. Restableció un principio básico para cualquier esquema institucional sólido: que no existen zonas exentas de control cuando están en juego violaciones extremas.

Este punto resulta particularmente relevante en el presente. La discusión pública sobre estos temas ya no se expresa en términos de interrupción directa de los procesos, pero sí a través de discursos que relativizan los hechos o cuestionan su alcance. Cuando esas posiciones se trasladan al plano institucional, el efecto no es neutro: introducen ruido en la percepción sobre la consistencia de las reglas.

El derecho internacional es claro: los Estados no pueden limitar ni condicionar la persecución de crímenes de lesa humanidad. No se trata de una recomendación, sino de un estándar obligatorio. Su incumplimiento no sólo genera responsabilidad internacional, sino que afecta la coherencia interna del sistema jurídico.

Desde una perspectiva económica, esta dimensión es relevante. La previsibilidad no depende únicamente de normas estables, sino de la credibilidad del sistema para sostener principios incluso en contextos adversos. Cuando ese umbral se debilita, el riesgo deja de ser sólo macroeconómico y pasa a ser institucional.

A casi cinco décadas del quiebre institucional de 1976, el desafío excede el análisis histórico. Se vincula con la calidad de las reglas en el presente y con la capacidad del Estado para sostener límites claros.

Porque en definitiva, la seguridad jurídica no se construye sólo sobre contratos que se respetan. También se define en la decisión de no tolerar excepciones frente a los delitos más graves. Allí es donde la institucionalidad deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una señal concreta.

Abogado en DDHH