Cuando observamos que algunos países disfrutan de bienestar mientras que en otros la mayoría de su población vive en condiciones de pobreza podría resultar interesante analizar las condiciones que generan uno u otro estado.
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En esencia, los ciudadanos de los países desarrollados y en desarrollo no son distintos. Lo que se observa en los primeros es la persistencia de instituciones formales (constituciones, leyes y regulaciones) e informales (usos y costumbres), y su cumplimiento (enforcement) garantizado por la Justicia a un bajo costo. La estabilidad institucional es valiosa en tanto despeja la incertidumbre. Contiene y procesa los cambios orientándolos hacia la consecución de los objetivos individuales y luego comunitarios: la libertad, la paz, la justicia.
Necesitamos, en el contexto de un mundo cambiante, de algunas certezas. Saber que no viviremos castigados, como relata el antiguo mito griego de Sísifo, a comenzar eternamente una tarea para no concluirla jamás.
Si miramos la realidad argentina, notamos en cambio que frente a circunstancias críticas se generan tensiones en el sistema político que activan las fuerzas de la inestabilidad. Nuestro país conoció el péndulo de gobiernos civiles y militares. Ante cada crisis la respuesta era un «nuevo modelo», el diseño de una etapa antitética que «salvaría» a los argentinos de la pobreza, la «superación definitiva» de los problemas que nos aquejaban. El desenlace era siempre el mismo: la anomia.
Ejemplos
Tenemos numerosos ejemplos en la historia de la humanidad de naciones que frente a encrucijadas similares optaron correcta e incorrectamente. Los que tuvieron éxito son los que respetaron las reglas de su contrato social. Los que fracasaron eligieron el camino inverso. América latina, lamentablemente, presenta numerosos ejemplos de refundaciones y cambios institucionales, constituciones testimoniales y literarias, y sistemas revolucionarios que, proclamando nacer para terminar con todas las injusticias e inequidades, en la mayoría de los casos, sólo terminaron agravándolas.
Analicemos algunos indicadores para darnos cuenta de las consecuencias de nuestra «adolescencia institucional».
El Indice de Libertad Económica elaborado por «The Wall Street Journal» con la Fundación Heritage (2005) mide por país la situación del comercio exterior, la carga fiscal del gobierno, la intervención del gobierno en la economía, la política monetaria, el sistema bancario, los precios y salarios, el derecho de propiedad y las regulaciones. Los primeros 10 lugares en el mundo los ocupan Hong Kong, Singapur, Luxemburgo, Estonia, Irlanda, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Dinamarca, Islandia y Australia. El puesto número 11 lo ocupa Chile. Nuestros socios del Mercosur ocupan el lugar 43 (Uruguay), el 90 (Brasil) y el 111 (Paraguay). La Argentina ocupa el puesto 114.
La relación entre libertad económica e ingreso según los datos del Banco Mundial en el informe World Development Indicators muestra que los países «represores» promedian un PBI real per cápita entre los 4.000 y los 6.000 dólares mientras que los países «libres» alcanzan los 30.000 dólares. Según este mismo informe, los países con muy alta protección a los derechos de propiedad gozan de un PBI real per cápita de 23.769 dólares mientras que los que les brindan muy baja protección sólo alcanzan los 2.651 dólares. Para el índice elaborado por el World Economic Forum (2004), sobre un total de 104 países, los 10 primeros son los de siempre: Finlandia, Estados Unidos, Suecia, Taiwán, Dinamarca, Noruega, Singapur, Suiza, Japón e Islandia. De Latinoamérica, Chile ocupa el primer puesto con el lugar 28, Uruguay ocupa el puesto 50, Brasil el 54, la Argentina el 78 y Paraguay el 95. Considerando el Indice de Opacidad (2004) que mide el grado de transparencia para 48 países, elaborado por el MIT, Finlandia ocupa el primer lugar, el Reino Unido, Dinamarca y Suecia el segundo lugar, Hong Kong el quinto lugar, Estados Unidos y Australia el sexto lugar, Chile el 17, Brasil el 29, la Argentina el 44 y Venezuela el 47.
La publicación del Banco Mundial Doing Business mide en tiempo y dinero el costo de generar un emprendimiento. Los resultados son contundentes: mientras que en Australia o Canadá son 2 los trámites a realizar que llevan 2 y 3 días respectivamente, en la Argentina y el Brasil son 15 y demoran 68 y 152 días respectivamente.
En consecuencia, no debiéramos esperar que sea el mundo el que nos brinde el impulso que nos falta para salir del subdesarrollo.
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