El dato que publicó el INDEC en su cuenta de generación del ingreso admite dos lecturas, y las dos son ciertas. La oficial: entre el segundo trimestre de 2025 y el de 2026, la economía sumó 101.000 puestos de trabajo y llegó a 22,57 millones. La que importa a quien liquida sueldos: en el mismo período se perdieron 156.000 asalariados registrados, mientras los cuentapropistas crecían en 229.000 y los asalariados no registrados en 28.000. La Argentina no perdió trabajo. Perdió empleo.
El trabajo es la actividad; el empleo es la relación con un empleador, con recibo, aportes, obra social, ART y antigüedad. Hoy, solo el 48% de los puestos del país corresponde a asalariados registrados. El resto se reparte entre un 25% de asalariados informales y un 27% de no asalariados. Uno de cada dos argentinos que trabaja lo hace fuera del esquema que la Ley de Contrato de Trabajo pensó como regla.
El SIPA confirma la tendencia con datos más frescos. Entre diciembre de 2025 y julio de 2026 se perdieron 100.262 puestos formales, de los cuales 65.527 eran asalariados del sector privado. La industria manufacturera (-26.157) y el comercio (-24.008) explican tres de cada cuatro bajas privadas. Solo cinco provincias crecieron, encabezadas por Neuquén y su motor energético.
Mas puestos, pero menos empleos.
Compact
Hay un tercer número, menos comentado y más relevante para el análisis económico: la remuneración de los asalariados cayó del 45,4% al 42,9% del valor agregado bruto en un año. Casi dos puntos y medio del ingreso generado dejaron de ir a salarios. El mercado de trabajo se ajustó por precio —el salario privado registrado perdió alrededor de un 3% real interanual a julio— pero sobre todo por cantidad: menos asalariados y más personas facturando por su cuenta.
Como señalamos la semana pasada en esta columna, la reforma bajó el costo del incumplimiento, no el del empleo. Los datos de esta semana son la primera evidencia de esa hipótesis. Si registrar cuesta lo mismo y no registrar cuesta menos, la economía se acomoda por donde la ley deja el hueco. En el mismo período en que se perdían 65.000 asalariados privados, el monotributo sumó 22.711 inscriptos. El cuentapropista que factura a un solo cliente, con horario fijo y herramientas ajenas, no es un emprendedor: es un empleado sin contrato.
Para la empresa, esto tiene un costo que no aparece en el balance del mes. El falso monotributo es el pasivo laboral más fácil de probar en un juicio: una factura mensual idéntica, un único cliente, un correo con horarios. Las multas ya no existen, pero la deuda de aportes y contribuciones con ARCA, las diferencias salariales y la indemnización calculada sobre la remuneración real siguen intactas. El régimen de regularización que vence el 28 de noviembre continúa siendo la salida más barata para encuadrar retroactivamente esas relaciones.
Las empresas y un momento de ver la caja a fin de mes.
Esta semana, el juez federal Martín Cormick suspendió por tres meses, a pedido de colegios de abogados, los artículos 10 y 56 de la ley 27.802: el pago en cuotas de las sentencias laborales y el nuevo régimen de responsabilidad de los abogados por las costas. Mientras la medida esté vigente, rige el texto anterior de la Ley de Contrato de Trabajo. Es una cautelar y no una sentencia, pero las empresas que habían proyectado sus contingencias judiciales en cuotas deben volver a mirar su flujo de caja.
La reforma se presentó como una herramienta para crear empleo formal. Siete meses después de su entrada en vigencia, el país tiene más gente trabajando y menos gente empleada. No es un fracaso de la ley: es el resultado de pedirle a una norma lo que solo puede dar el crecimiento. Ninguna ley laboral crea un empleador. Lo crea una economía que vende, un crédito que permite invertir y una carga tributaria que no castiga al que contrata. Mientras eso no ocurra, la formalidad seguirá siendo un privilegio de las empresas grandes, y el cuentapropismo, el empleo de todos los demás.
