País más morigerado

(«Lo que reclaman las empresas en el CIADI es el cambio de las reglas de juego producidas después de 2002», sostiene Luis Erize, abogado del estudio Abeledo Gottheil. En un diálogo con este diario, el especialista en conflictos y arbitrajes explicó que las expectativas influyen directamente en la inversión y resaltó la transparencia de dicha institución.)

PERIODISTA: ¿Cree usted que estas demandas frenan la inversión externa?

Luis Erize: Existe un gran debate sobre este tema. Hay algunos que sostienen que la capacidad de ahorro permite generar una inversión importante. Sin embargo, en los sectores con proyectos a largo plazo, ésta es deficiente, y esto está unido a las expectativas que uno les formula a aquellos que invierten. Es necesario generar expectativas legítimas ya que el país compite con otros por la inversión.

P.: ¿Les conviene a las empresas embarcarse en un proceso jurídico que puede durar varios años contra el país?

L.E.: Las empresas no toman decisiones de someterse a una controversia a la ligera. Están para hacer negocios y procurar resolver los conflictos a través de la negociación. Pero los directores tienen responsabilidades, tienen que responder ante los inversores.

P.: La estrategia que parecería estar llevando adelante la Argentina es la de apelar continuamente y de esta manera postergar las sanciones. ¿Resultará?

L.E.: El mensaje de la Argentina se ha morigerado. En otros períodos se consideraba la jurisprudencia internacional fuera de las reglas. Hoy ése no es el caso. El país se ha comprometido con el laudo para cumplir con el recurso de nulidad. La Argentina planteó, en varios casos, la falta excepcional de jurisprudencia y no le fue bien. A pesar de que las estrategias no fueron muy eficientes, habría que ver qué se hizo en ese plazo.

P.: ¿Considera que los fallos del CIADI tienen algún tinte político?

L.E.: La gran mayoría de los fallos son por unanimidad, es decir que hasta el árbitro que es designado por el país falla a favor o en contra. O sea, el arbitraje está institucionalizado, por ende, marcar una intencionalidad a estos árbitros no parece consistente. Además, existen análisis que no dan la sensación de que haya una inclinación a penalizar los Estados receptores de la inversión.