La negociación de los salarios es una discusión entre la CGT y el gobierno antes que un proceso de negociación con las empresas. Es una expresión más de la transversalidad, que en materia salarial no ha hecho otra cosa que cambiar sustantivamente las reglas de juego en materia de ingresos. Las empresas deben anticiparse en la negociación desde la base y no desde la cúpula. El manejo de las futuras negociaciones tienen su basamento en el reclamo de cada trabajador por la mejora de su ingreso o salario real, a través de las asambleas o, inclusive, por medio de los delegados, desautorizando en gran medida la negociación a nivel macro, que pocas veces tiene efectos reales sobre los ingresos de los dependientes.
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Esta pauta esencial en donde la CGT debe negociar un marco de referencia con el gobierno nacional proviene del hecho de que el Estado se ha constituido en árbitro de los costos a fin de preservar la evolución de los precios, y con ello la estabilidad económica y el crecimiento. Por ende, el incremento de los salarios no puede estar librado, como lo afirma eufemísticamente la CGT, a quien exige más, no sólo porque la generalización es una utopía, sino porque hoy el control y manejo de la política salarial es uno de los pilares de la preservación de la estabilidad de la economía. La negociación será secuencial, primero entre los gremios y el Estado, luego con las entidades empresarias y, finalmente, las empresas librarán la última batalla en cada establecimiento con sus trabajadores y los delegados o miembros de comisión interna.
Son círculos concéntricos en los cuales se irá bajando de lo más general a lo particular, definiéndose el costo laboral, finalmente, en cada empresa. Este proceso debe caracterizarse en esta etapa por la contención de los estados críticos y de los eventuales conflictos pluriindividuales o colectivos, con la negociación a través de interlocutores válidos y por la viabilidad de los ajustes en relación con el proceso de crecimiento de cada actividad o compañía. Un desborde en el plano salarial producirá inexorablemente un desajuste de la economía, variaciones desordenadas de los precios, y por efecto directo, inflación.
Intrascendente
Es por ello que establecer las pretensiones en 16% o algo similar por parte de Moyano es igual de intrascendente que establecer que los aumentos deben ser inferiores a 10%. Habrá actividades o empresas que podrán dar aumentos mayores que las pretensiones gremiales, y actividades que ya no tienen resistencia, con lo cual el salario tendrá un ajuste cero para resultar viable. Si analizamos el espectro salarial, nos enfrentaremos con un nuevo marco que perfecciona los paradigmas en materia de ingresos del actual gobierno nacional. Este, a través del Ministerio de Trabajo, ya recomienda prudencia, racionalidad y evaluación de costos vs. productividad.
Resulta claro que se ha partido de una pauta central que se basa en mejorar la distribución del ingreso, y para ello se emplearon varios recursos que mejoraron los salarios de los que menos ganaban. En efecto, disponer ajustes por decreto durante la primera etapa de la emergencia, cuadruplicar el Salario Mínimo Vital y Móvil (de $ 200 a $ 800) y activar desde el Ministerio de Trabajo la negociación salarial de los convenios colectivos empujaron la base y desequilibraron la pirámide de los ingresos. De un esquema en el cual el número uno de una compañía cobraba entre 60 y 70 veces lo que percibía el nivel más bajo de la escala, se pasó a una relación promedio de 40 a 50 veces. El efecto redistribución es considerado parte del derrame de la nueva etapa de crecimiento sostenido.
Necesidades presupuestarias
Sin embargo, el ajuste en la base distorsionó los ingresos de los mandos y niveles medios, que hoy se dirimen entre la fidelidad a la empresa o la solidaridad con el sindicato de base. Necesidades presupuestarias de las empresas siguen manteniendo esta distorsión en muchas empresas líderes, y el efecto inmediato es una fuerte conmoción social y laboral interna en cada empresa.
Con precios congelados, crecimiento de los salarios de los ingresos más bajos en mayor proporción que los del resto de la escala y conmoción interna en las empresas para restablecer las diferencias históricas, estamos frente a un nuevo cambio de paradigmas. Del congelamiento sindical pasamos a la negociación por actividad, y ahora ingresaremos a la negociación por empresa y por persona. La escasez de personal generará una nueva fricción salarial, cuando las empresas busquen sus recursos humanos en el personal ocupado en otras empresas o competidores.
El segundo paradigma que cambiará es el relativo a la búsqueda del nuevo nivel salarial, que no guardará proporción con el índice de inflación, sino con los valores que se negocien en el mercado por efecto de la oferta y la demanda.
El tercer paradigma que cambiará tiene que ver con los interlocutores en la negociación. Ya no serán los sindicatos, sino el conjunto de los trabajadores en cada empresa o establecimiento, o cada trabajador individualmente. Es un abandono del colectivismo negocial y un desplazamiento hacia la negociación individual.
El cuarto paradigma tendrá que ver con la importancia que tendrá el marco impositivo y previsional. Si el Estado pregona la registración laboral, el marco impositivo será fuente de innumerables conflictos, como ya ocurrió hacia fines de 2006. Las retenciones operarán como un factor distorsivo de los que obtienen mayores ingresos, frente al atraso existente en la actualización del mínimo no imponible.
El Estado sólo podrá actuar en las negociaciones salariales por actividad, operando sobre los actores sindicales. El sector empresario está condicionado por los acuerdos de precios y las vicisitudes del mercado, que después de un período de singular bonanza comenzará a ofrecer fisuras. Por último, cada persona será dueña de su propia negociación salarial en la medida en que el mercado siga aumentando la demanda de mano de obra calificada.
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