¿Quién paga el costo de la emergencia?

Argentina inicia un nuevo año fiscal, el séptimo consecutivo, bajo el paraguas de la Ley de Emergencia Pública. La señal de la «emergencia permanente» marca un «estilo» de enfrentar los problemas que, claramente, incrementa el riesgo de operar económicamente en la Argentina. Y ya se sabe que, a mayor riesgo percibido, menos son los proyectos que califican, o mayor el «premio» que se les exige.

Un país que, simultáneamente, le anuncia al mundo récords de crecimiento, consumo, reservas monetarias y superávit fiscal y se declara «en emergencia» por ley es, por lo menos, poco serio. Así lo están reconociendo los fallos de diversos tribunales en Europa, Estados Unidos y en el CIADI del Banco Mundial, en donde se tramitan el cobro de deudas varias contra el Estado argentino. En dichos fallos se hace mención, con diversas prosas, de lo contradictorio que resulta una declaración « unilateral» de emergencia, en especial, a la luz de la performance exitosa de los últimos años. La interpretación general de estos tribunales y cuerpos colegiados es que, si bien se justificó la emergencia y sus consecuencias sobre contratos, deudas y pagos, en 2002 y posiblemente durante 2003, el tiempo transcurrido y los resultados exitosos alcanzados indican que, al menos macroeconómicamente, la emergencia ha terminado. En otras palabras, la interpretación de estos tribunales es que la Argentina declara unilateralmente una injustificada situación de emergencia, sencillamente, para no hacer frente a sus compromisos.

Internamente, a su vez, el «estilo emergencia» ha generado cambios bruscos en reglas impositivas, prohibiciones de exportar, preciosdiferenciales, subsidios cruzados, etcétera.

Ni que hablar de los efectos de la «emergencia» sobre las mediciones estadísticas del INDEC y la destrucción de una unidad de cuenta de largo plazo en pesos.

La falta de normalización en la relación con las empresas privatizadas ha afectado, claramente, la tasa de inversión de éstas y la expansión, no sólo del servicio eléctrico, sino de todos los servicios de infraestructura sujetos a contratos que hoy siguen sin regularizarse totalmente, o mantienen una regularización precaria y sujeta a arbitrariedades y discrecionalidades varias.

El deterioro creciente de la infraestructura básica, o al menos su dispar evolución con lo observado en el resto de la economía, se hace evidente. Es cierto que resulta difícil hacer historia contrafáctica. Sin embargo, algunos indicadores permiten «estimar» el costo de este escenario.

En medio de la bonanza regional, gracias al boom de los commodities, según datos de la ONU al año pasado, mientras Brasil, Chile y Uruguay muestran un fuerte aumento de la Inversión Extranjera Directa con tasas anuales de 25, 14 y 62% respectivamente, la Argentina presenta un estancamiento en este flujo, por no decir una caída. Una parte de esta disminución se observa en la tasa de inversión global, en donde las empresas grandes y las privatizadas presentan un déficit de inversión de, al menos, 2% del PBI unos 5.600 millones de dólares. Otro indicador importante que refleja el «estilo» argentino ha sido el «despegue» del riesgo local, comparado con el de la región, desde el estallido de la crisis financiera global a mitad de año.

Castigo

En efecto, mientras el riesgo argentino implícito en el retorno de los bonos en dólares creció casi 600 puntos básicos en el período, Brasil apenas sufrió un castigo adicional de 150 puntos, mientras Colombia y Perú prácticamente mantuvieron el mismo riesgo, pese a plazos de duración de sus instrumentos, muy superiores al bono argentino de referencia. Es decir que la sobretasa implícita en la «emergencia argentina» es de más de 4% anual en dólares. Esto sobre deuda soberana a cinco años. Lo que implica una sobretasa aún mayor para la deuda privada. Otro indicador importante sobre el «costo» argentino ha sido el castigo que sufrieron los precios de venta de empresas argentinas, comparadas con similares operaciones en otros países de la región. Hay poca información, pero se puede estimar en no menos de 25% el diferencial de precio, en contra del valor de las compañías locales.

Asimismo, todos los datos de remuneraciones a ejecutivos, mandos medios y trabajo calificado en la región muestran también el rezago de los ingresos argentinos en puestos comparables. En síntesis, respecto de pagos externos pendientes, la emergencia permanente no sirve, porque los tribunales internacionales ya la desconocen. Internamente, la mayoría absoluta del oficialismo en el Congreso hubiera permitido una normalización institucional sin afectar el poder de negociación del Ejecutivo. Las ventajas, entonces, no se perciben.

En cambio, aunque difíciles de cuantificar, «el estilo emergencia» genera costos importantes, con menor inversión, mayores tasas de interés, menor valor de los activos argentinos y, fundamentalmente, la necesidad de «compensar» estos mayores costos, con un precio bajo, comparado regionalmente, de la inteligencia y el trabajo privado locales.