Luego del anuncio del presidente Alberto Fernández sobre el acuerdo con el FMI, el Gobierno intentó instalar la idea de que uno de los puntos positivos es que no se condiciona a nuestro país a llevar a cabo una reforma laboral.
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Luego del anuncio del presidente Alberto Fernández sobre el acuerdo con el FMI, el Gobierno intentó instalar la idea de que uno de los puntos positivos es que no se condiciona a nuestro país a llevar a cabo una reforma laboral.
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Al contrario, no podemos permitirnos asumir como un triunfo un hecho que nos deja anclados en un mundo que ya no existe. La Argentina merece un debate serio, profundo y moderno sobre la necesidad real de una reforma de la legislación laboral y la adaptación de las normas hasta ahora vigentes al mundo en el que vivimos.
El desarrollo de la globalización, las nuevas tecnologías y la pandemia modificaron las formas tradicionales de trabajar, generando nuevos formatos laborales. La revolución tecnológica y su consecuente revolución laboral requieren la regulación de estas nuevas modalidades y de trabajadores capacitados y calificados.
Insisto con un concepto central que sostengo hace tiempo: el futuro inmediato no perdonará a aquellos países que abdiquen del conocimiento y de la tecnología.
El mundo cambia, el trabajo cambia, los trabajadores cambian, será importante que las normas laborales también cambien, claro está, siempre respetando los principios esenciales del derecho laboral, cuidando al trabajador y al empleador al mismo tiempo.
En el marco internacional, la OIT habla de la “naturaleza cambiante de los puestos de trabajo”, ya que el dinamismo del Derecho del trabajo y el avance de las tecnologías hace que, no solo los puestos de trabajo se innoven, sino también, cambien las condiciones de trabajo.
Por eso, lo antes posible las normas laborales se tienen que adaptar a estas transformaciones, ya que, de lo contrario, quedan obsoletas, generando profundos vacíos legales y deficiencias en el funcionamiento de nuestro sistema productivo.
Sin dudas hace falta una reforma laboral, pero de ninguna manera me refiero a una reforma dictada por el FMI. Tiene que ser producto de un profundo debate parlamentario en base a la experiencia -tanto nacional como internacional- y al conocimiento de los expertos en la materia.
Un marco legal favorable a la generación de empleo puede estimular el crecimiento económico, regulaciones que favorecen la capacitación, la educación y la formación del capital humano, lo que conlleva a salarios prósperos y de eficiencia cuya única consecuencia es impulsar la productividad.
Sin embargo, las regulaciones laborales también pueden ser obstáculos al respecto, si no están diseñadas de manera adecuada.
La definición de lo que es “adecuado” no puede hacerse abstrayendo del contexto histórico e idiosincrasia de cada país. No existe una regulación óptima válida en cualquier contexto histórico y para cualquier país.
No podemos perder más tiempo. Lo antes posible, los dirigentes de los distintos espacios debemos confluir para ponernos a pensar y diseñar herramientas reformadoras que alienten el camino hacia el pleno empleo y nos corran de la senda del mero asistencialismo social.
Abogado, UBA. Especialista en Empleo y Políticas Públicas.
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