Sector porcino: ¿cómo resolver el problema del IVA diferencial y generar más inversiones?

El esquema actual de IVA genera distorsiones financieras que castigan al productor porcino y desalientan inversiones. Un abordaje integral y correctivo es urgente.

La estructura de costos de un criadero de cerdos refleja claramente el problema. Cerca del 70% del costo total corresponde a la alimentación animal, insumo que tributa el 21% de IVA. 

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En los papeles, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es neutral: grava el consumo y no debería afectar la rentabilidad ni la estructura de decisiones de los agentes económicos. Pero en la práctica, esa neutralidad se esfuma cuando analizamos su impacto en sectores productivos complejos como el porcino, donde la estructura de costos y las alícuotas diferenciadas generan un saldo técnico a favor que se transforma en una pesada carga financiera.

Desde 2018, el sector porcino tributa una alícuota reducida del 10,5% para la venta de capones en pie y cortes frescos sin procesamiento industrial. Esta medida, que buscaba combatir la evasión y reducir precios al consumidor, fracasó en sus objetivos de mercado pero introdujo un efecto colateral nocivo: dejó a los productores atrapados con saldos técnicos de IVA que no pueden recuperar ni aplicar de manera efectiva.

La estructura de costos de un criadero de cerdos refleja claramente el problema. Cerca del 70% del costo total corresponde a la alimentación animal, insumo que tributa el 21% de IVA. Si se suma el 12% de otros costos gravados, el 82% de los egresos está alcanzado por la alícuota plena, mientras que los ingresos (la venta del cerdo) están gravados al 10,5%. Esa diferencia genera, cada mes, un saldo a favor estimado en $77,91 por cada kilo de cerdo vendido. Pero esos créditos fiscales no pueden aplicarse fácilmente ni utilizarse como capital de trabajo.

Un impacto estratégico

El impacto no es solo financiero, sino estratégico: para que ese saldo se absorba en el circuito productivo, el productor debería tener márgenes superiores al 14%. Una exigencia que se vuelve inviable para muchos pequeños y medianos criadores, especialmente en un contexto de volatilidad macroeconómica, altas tasas de interés y caída del consumo interno.

La situación se agrava aún más cuando se trata de inversiones. Los productores deben pagar un IVA del 19% por los bienes de capital, mientras que sus ingresos por venta de carne se encuentran gravados a una tasa del 10,5%. Esa diferencia no se recupera ni se cobra nunca. En los hechos, es dinero que queda inmovilizado en los balances y que representa un desincentivo directo a invertir.

Si ese capital quedara en manos del sector, emparejando alícuotas o permitiendo su devolución, la actividad podría crecer a una tasa del 10% anual. Esa expansión no es una simple hipótesis: los datos técnicos indican que podrían incorporarse 15.000 madres productivas por año, lo que implica una inyección de 90 millones de dólares anuales en la economía, dado que la inversión por madre ronda los 6000 dólares. Es decir, hay una oportunidad clara de desarrollo productivo que está siendo bloqueada por una falla estructural del sistema impositivo.

Distorsiones

El esquema también genera distorsiones en la industria. Mientras los frigoríficos chacinadores se benefician de comprar materia prima con alícuota reducida y vender productos procesados como fiambres con una alícuota del 21%, la carne fresca —el producto más consumido y el que más empleo genera— queda marginada de ese equilibrio. El resultado es un ecosistema donde el incentivo está puesto en el eslabón con mayor rentabilidad impositiva, y no necesariamente en el más estratégico desde el punto de vista de la producción nacional y el empleo.

La solución no pasa por volver atrás con la alícuota reducida, sino por pensar un sistema que compense sus efectos no deseados. Existen varias alternativas para hacerlo. Una es permitir que los saldos técnicos se utilicen para pagar obligaciones fiscales y de seguridad social, o que se puedan computar como costos deducibles en el Impuesto a las Ganancias. Otra, más estructural, es incorporar al sector porcino dentro de un régimen similar al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), donde el IVA asociado a inversiones pueda ser reintegrado a través de Certificados de Crédito Fiscal transferibles y de libre disponibilidad.

Esta última opción evitaría que el productor o industrial tenga que inmovilizar recursos propios o endeudarse para cubrir un impuesto que, en esencia, no debería pagarse. Además, permitiría dinamizar un sector que tiene fuerte potencial exportador, gran capacidad de agregado de valor y generación de empleo en economías regionales.

La agenda económica argentina necesita políticas fiscales más inteligentes y menos punitivas para la producción. El caso del IVA en la cadena porcina es un ejemplo claro de cómo una medida bien intencionada puede tener consecuencias adversas si no se piensa en términos de sistema. Resolver este nudo no solo aliviaría al productor, sino que liberaría capacidad de inversión y crecimiento genuino. La carne de cerdo, más allá de ser una opción accesible y saludable para los consumidores, puede ser también un motor de desarrollo si se la deja crecer sin trabas impositivas innecesarias.

Presidente de la Federación Porcina Argentina