Más allá del debate por el financiamiento, el proyecto de Ley de Libertad Educativa propone otorgar mayor autonomía a las escuelas para definir sus proyectos pedagógicos. La iniciativa sostiene que una oferta educativa diversa es una condición necesaria para que las familias puedan ejercer una verdadera libertad de elección.
Buena parte del debate público sobre el proyecto de Ley de Libertad Educativa se concentra en el financiamiento. Sin embargo, el proyecto contiene otro elemento central para que la libertad de elegir no sea meramente formal: la autonomía de las escuelas para ofrecer proyectos educativos distintos. No se trata sólo de que las familias puedan optar entre instituciones. La pregunta previa es si existen alternativas genuinas entre las cuales elegir.
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El proyecto permite que los planes de estudio de las instituciones estatales y privadas sean elaborados por cada escuela, en el marco de su autonomía institucional y con sujeción a los contenidos mínimos nacionales y jurisdiccionales. La diferencia no es menor: contenidos comunes no significan uniformidad obligatoria.
Como es lógico, el reconocimiento oficial y la validez nacional de esos planes dependen del cumplimiento de dichos contenidos mínimos y de la carga horaria requerida. Pero también ordena respetar los contenidos propios de cada proyecto educativo institucional y el ideario de las instituciones privadas, y contempla espacios de definición institucional para desarrollar contenidos curriculares específicos vinculados con cada proyecto educativo e ideario.
Sin recursos, la libertad de elegir queda reservada a quienes pueden pagarla. Pero no basta con que el dinero siga al estudiante si las escuelas no tienen margen real para diferenciarse. ¿De qué sirve que una familia pueda elegir si el sistema le ofrece apenas variantes menores de un mismo modelo?
El proyecto de ley va en esa dirección al reconocer la posibilidad de crear y sostener instituciones de Educación Básica organizadas conforme a distintos proyectos pedagógicos, confesionales o laicos. También reconoce a las instituciones privadas autonomía institucional, organizativa y pedagógica, incluyendo la definición de planes de estudio, estrategias didácticas, reglamentos de funcionamiento y políticas de admisión, permanencia y convivencia. No es un detalle menor: es una condición para que existan proyectos educativos con identidad propia.
Por cierto, el proyecto también incluye a las instituciones estatales, al prever una transición progresiva hacia esquemas de gestión institucional y pedagógica autónoma. Su autonomía puede constituir una herramienta para revitalizarlas. Una escuela con mayor capacidad de decisión y menos sometida a cambios permanentes decididos desde el gobierno de turno, sin dudas responderá mejor a las necesidades de sus alumnos.
Por supuesto, toda autonomía exige responsabilidad. Una escuela que define su proyecto debe rendir cuentas por sus resultados. Por eso autonomía, evaluación e información pública son ideas complementarias. Una institución debe tener margen para innovar, pero las familias deben poder conocer qué resultados obtiene. La libertad sin información es insuficiente; la autonomía sin responsabilidad puede derivar en arbitrariedad. Pero hoy convivimos con el peor de los mundos: la uniformidad sin resultados es, sencillamente, nuestra realidad.
El proyecto de ley de Libertad Educativa cuestiona una premisa que durante décadas se dio por sentada: que la igualdad educativa requiere uniformidad. La experiencia argentina ilustra que un sistema rígido, cerrado y poco sensible a las preferencias de las familias no garantiza calidad ni igualdad de oportunidades.
Sin escuelas distintas, no hay verdadera libertad educativa. Y sin verdadera libertad educativa seguiremos confundiendo igualdad con homogeneidad, cuando lo que nuestros niños necesitan no es un molde único, sino la posibilidad de encontrar el camino educativo más adecuado para desarrollar su proyecto de vida, independientemente de su cuna.
*El autor es miembro de la Academia Nacional de Educación y exrector del UCEMA Friedman Hayek Center