Nicolás Posse y Sívori rellenan con militares la AFI mientras los amparos por el DNU se desmarcan en la feria

Silvestre Sívori está a cargo de la intervención, pero su nexo con el jefe de Gabinete es clave para su rol. Discrecionalidad en fondos reservados y la influencia de Villarruel para asignar retirados. Plan desguace. El decreto a cronoterapia por Corte y Contencioso pero Civil y Comercial y San Juan, alerta.

Nicolás Posse

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) es Silvestre Sívori, que no es un abogado allegado al jefe de Gabinete Nicolás Posse, sino su sobrino. Eso explica que el flamante funcionario ocupe el lugar clave de “Señor 5” sin relación directa previa con el presidente Javier Milei, y que haya peregrinado por distintas dependencias durante la transición como candidato a ocupar posiciones relevantes, sin un destino predefinido. Su desembarco ocurre cuando arrecian los rumores acerca del futuro de la central de inteligencia que incluyen desde un paulatino desguace hasta la ocupación de las principales direcciones por parte de militares, empujados por la vicepresidenta Victoria Villarruel. En cualquier escenario hay una certeza: la AFI recupera -a pesar del contexto de crisis- el manejo discrecional y ampliado de los fondos reservados que siempre fueron una fuente opaca de financiamiento multidestino.

*NOTA DEL REDACTOR: Voceros oficiales de la AFI se comunicaron con Ambito para desmentir una relación de parentesco entre Sivori y Posse. Este diario verificó con tres fuentes distintas que conocían al funcionario en su etapa anterior que habían confirmado ese dato para la elaboración de esta nota. Por otro lado, la AFI solicitó la remoción de los nombres de los directores para evitar una infracción a la Ley de Inteligencia. Ámbito entiende que se trata de funcionarios políticos que desempeñan cargos de interés público y no estarían comprendidos en las prerrogativas del secreto. De todas formas, se modificó la publicación para que no sean identificables.

Sívori fue oficializado un par de días después de la asunción presidencial, pero su designación no respondía a los patrones de nombramiento habituales, pese a que su postulación había girado desde días previos y se sabía que ocupó la dirección nacional de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Transporte cuando Guillermo Dietrich capitaneaba esa cartera. Tiene un perfil de personalidad compleja para la gestión, con mucho conocimiento de derecho administrativo, pero cero en materia penal, y con un exceso de cautela para la firma. Cuando su nombre comenzó a sonar, los lazos con el estudio de abogados Seoane Izura De Jesús & Sívori que integraba tuvieron mayor relevancia a partir de la ascendencia de Manuel Izura, un hombre que fungió como asesor de Germán Garavano pero también fue defensor de su colega Miguel Pló, un abogado de amplios vínculos con el peronismo en la Provincia de Buenos Aires que quedó enredado en la causa Cuadernos. De todas formas, los vínculos aparecen vía FORES, cuya incidencia en el nuevo gobierno aparece directamente a través de Alfredo Vítolo sobrino del nuevo presidente de la IGJ Daniel Vitolo y titular de esa ONG. Al predecesor de Daniel, Ricardo Nissen le habrían propuesto asegurar su continuidad a cambio de que asegure la intervención de Boca Juniors antes de las elecciones. Todo eso queda de lado al comprender el parentesco entre Sívori y Posse.

Direcciones

La AFI hereda una estructura con medio centenar de direcciones, algunas de muy pocos integrantes. Los militares llegan de la mano de Guillermo Maximiliano Montenegro -el armador de Villarruel- pero todo en una estructura de intervención precaria. Como segundo de la intervención el exsubteniente C.M. Prestó asesoramiento a la vicepresidenta Jorge Domínguez, quien fue director de Inteligencia de Gendarmería. Hay una kermese de retirados en la que también tiene incidencia la Embajada de Israel que ha puesto su expertise en la recomendación de gente, con dos plazas que pudo ocupar el ex-PSA y hoy diputado uniontodista José Glinsky. Nadie entiende mucho. Además, arrecian rumores de desguace.

Que la dirección de Exterior pasaría a formar parte de Cancillería y que la de Interior pasaría a formar parte de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, mientras que Inteligencia Estratégica iría a parar a la Jefatura de Gabinete. Ese esquema está atado además a la disponibilidad de personal (en la casa) durante un año con intenciones de reubicación, con pocas chances salvo en Rosario y La Plata pero como agentes bajo el ala de Seguridad. Los militares de Villarruel que desembarcaron en Planteamiento van de reunión en reunión a Jefatura de Gabinete diagramando cómo podría quedar el organigrama. Las Misiones se las disputan también en la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), Inteligencia Criminal, Relaciones Exteriores y la Jefatura de Gabinete. En el fondo, es una pelea por cajas.

Un tal F. recaló en Producción de Inteligencia y Planificación, otros civiles a Análisis y Terrorismo; dos directores originarios del PRO fueron misteriosamente aportados por Juan Tonelli, la expareja de Gabriela Michetti. La AFI en formato kermese pero con fondos que cualquier repartición pública hoy envidia, en este contexto.

Un DNU en feria

Si bien el último día hábil del año desató un caudal de novedades judiciales en torno a la trayectoria judicial del DNU de Milei, lo resuelto por la Corte Suprema en la causa La Rioja dejó dos lecturas admisibles: en primer lugar, fue un mensaje a la política para que la Bicameral tome posición a lo largo de enero respecto al decreto, su contenido y legalidad; y segundo fue un mensaje para que el contencioso Administrativo Federal también aplique cronoterapia a la espera de definiciones. La formación de un incidente por competencia originaria, la consulta al Procurador y la asertiva mención a su tratamiento pos feria dan a entender que ya existe un criterio para aplicar. La discusión es cuándo. Solo durante esta semana convivirán Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Más allá del 7, Rosatti quedará solo.

En este escenario hay tres variables que pueden escapar a ese torniquete. Por un lado, la férrea defensa de competencia que hizo la Justicia Nacional del Trabajo para retener el expediente que le reclamó Esteban Furnari a pedido del Procurador del Tesoro Rodolfo Barra. Para el Contencioso, Barra corre con una ventaja incalculable en términos prestigio y eficacia. Cuando se traba un conflicto de estas características, la que decide es la alzada de Contencioso que en la feria tendrá nada menos que a Sergio Fernández y a Carlos Grecco de turno. Todas las chances están en que todo el paquete quede centralizado en el juzgado de Furnari a la espera de una definición. ¿Una estrategia de Barra o un desenlace necesario para esperar el plato fuerte de la Corte? Una fisura en ese dique ocurrió el viernes cuando la justicia federal de San Juan decidió habilitar la feria para tratar la inconstitucionalidad del DNU. Fue la primera en habilitar esa instancia. Noticia en desarrollo. Pero por otro lado, y lo que debe concitar mayor atención, es un buscapiés atajado por el fuero Civil y Comercial Federal que escapó a todos los radares y por un tema inevitablemente expeditivo como la salud.

Civil y Comercial

El juzgado a cargo de Rafael Stinco -candidato a un lugar en la Sala especializada de Defensa de la Competencia- decidió admitir un amparo colectivo de salud contra el DNU 70/23 y ordenó su inscripción en el Registro de Procesos Colectivos, tal como había ordenado Furnari. Un afiliado a una prepaga planteó el 26 de diciembre un amparo por la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU porque el Ejecutivo estaba legislando (algo prohibido) lo que dejó en libertad a las empresas para fijar el valor de sus prestaciones lo que modificaba los contratos vigentes en favor de las empresas sobre un bien tutelado que era la salud. Stinco se las arregló así para diferenciarlo del litigio general y cortarse solo desde la faceta de salud para una acción colectiva pero no sobre la eventual razonabilidad de los aumentos, sino sobre la intervención de un organismo especializado en la determinación del precio de los agentes del sistema y por la preservación del Derecho a la Salud. En el horizonte planteado, habrá que ver su desarrollo.

De la constelación de amparos contra el DNU de Milei hay que tomar nota de los que se desmarcaron.