Lima - La Fiscalía de Perú abrió ayer una investigación por presunto delito de “genocidio” a la presidenta Dina Boluarte, quien impuso un toque de queda en la región andina de Puno, en el sur, para frenar las protestas que, represión mediante, han dejado 40 muertos en un mes.
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Perú: ¿Boluarte, ya en la cuerda floja?: la Fiscalía la investiga por genocidio
La mandataria, que sucedió al destituido y detenido Pedro Castillo, logró el apoyo del Congreso a su gabinete. Sin embargo, crece la presión local e internacional contra la actuación de las fuerzas de seguridad.
DIVISIÓN. La presentación del nuevo primer ministro peruano, Alberto Otárola, ante el Congreso generó duros intercambios con diputados que deploran la represión de las manifestaciones a favor de Pedro Castillo.
“La Fiscal de la Nación dispuso iniciar investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte; el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez”, indicó la fiscalía en Twitter.
La indagación es por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” durante las manifestaciones antigubernamentales en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
Los anuncios ocurrieron el mismo día que el Gabinete de Gobierno que encabeza Otárola acudió al Congreso por un voto de confianza para él y su equipo, que finalmente obtuvo el martes a última hora.
“Ha sido aprobada la cuestión de confianza”, dijo el presidente del Parlamento José Williams, tras la votación que arrojó 73 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones. En caso de rechazo, el gabinete debía renunciar.
Boluarte fungió como vicepresidenta hasta el 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó a Castillo luego de que este intentara cerrar el Congreso, intervenir el sistema judicial y gobernar por decreto por fuera de las condiciones que establece la Constitución.
Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez que lo ha procesado por rebelión.
Gravedad
El Gobierno, surgido tras la caída y arresto de Pedro Castillo, decretó un toque de queda en Puno por tres días, desde las 20 horas hasta las 4 de la madrugada.
El epicentro de las protestas es la región aymara de Puno, frontera su con Bolivia, donde hubo saqueos a locales comerciales y ataques a vehículos policiales entre la noche del lunes y la madrugada del martes, con saldo de 18 muertos.
Las muertes han exacerbado la indignación en las ciudades de Puno y Juliaca, a unos 1.300 kilómetros de Lima, cuyos habitantes realizan una huelga desde hace una semana y mantienen los comercios cerrados.
Otárola anunció en el Congreso que ayer sería “un día de duelo nacional laborable”.
En Ginebra, la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, declaró que están “muy preocupados por el aumento de la violencia en Perú”.
La Iglesia católica, por su parte, dijo en el país vive una “situación de guerra”.
“La verdad es que estamos en manos de la barbarie. El enfrentamiento entre hermanos y hermanas es mucho más doloroso, porque somos parte de una sola sociedad, una familia peruana”, dijo el arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, a la radio RPP.
“La violencia está llegando a niveles insospechados en verdad. La Defensoría señala que no se va a resolver con la participación de las fuerzas armadas o policía esta crisis y este conflicto político”, declaró la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar.
En este contexto, Perú recibió ayer a una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que indagará sobre las manifestaciones y la respuesta policial.
Según el gobierno, el expresidente boliviano Evo Morales está ligado a las protestas, razón por la cual le prohibió ingresar a Perú hasta nuevo aviso.
Acusación
Morales, que presidió Bolivia entre 2006 y 2019, ha tenido una presencia activa en la política peruana desde que el izquierdista Castillo llegó al poder en julio de 2021 hasta su destitución el pasado 7 de diciembre, luego de un fallido autogolpe. En noviembre, Morales visitó Puno.
La Superintendencia de Transporte Terrestre reportó bloqueos y tránsito interrumpido por piquetes en seis regiones: Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios y Amazonas.
En Cusco y Ayacucho marcharon el martes pidiendo la renuncia de Boluarte, nuevas elecciones y la creación de Asamblea Constituyente.
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