AUBASA se presenta a la licitación de rutas nacionales y la Provincia pide intervención de las Defensorías para evitar arbitrariedades

El ministro de Infraestructura bonaerense advirtió sobre cambios “arbitrarios” en el proceso de concesión de rutas nacionales y reclamó la intervención de las Defensorías. Cuestionan el modelo del gobierno de Javier Milei.

Cuestionan el modelo del gobierno de Javier Milei.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó que la empresa estatal AUBASA se presentó a la licitación de rutas nacionales y, en ese marco, formalizó un pedido ante el Ministerio de Economía de la Nación para que intervengan las Defensorías del Pueblo de la Nación y bonaerense como veedores, con el objetivo de evitar “arbitrariedades” y garantizar la transparencia del proceso.

Así lo informó el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno de La Plata, donde precisó que elevó una presentación dirigida al titular de la cartera económica, Luis Caputo, en la que solicita que la intervención sea previa y no posterior, al considerar que una eventual exclusión arbitraria podría generar un daño "de difícil o imposible reparación".

El planteo también incluye el pedido de suspender cualquier decisión definitiva hasta que los organismos de control emitan sus observaciones, en un contexto que la Provincia definió como de “máxima sensibilidad institucional”.

Acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, Katopodis denunció que el proceso licitatorio “está lejos de ser transparente e íntegro” y apuntó contra una serie de irregularidades detectadas en la Red Federal de Concesiones.

En ese marco, detalló que la empresa estatal AUBASA se presentó como oferente para la concesión de más de 1.300 kilómetros de rutas nacionales en territorio bonaerense -incluidas las rutas 3, 205 y 226, y las autopistas Ezeiza-Cañuelas y Riccheri- y remarcó que “cumple con todos los requisitos exigidos y tiene la experiencia y la capacidad para llevar adelante estas obras”.

Cambios en los pliegos y sospechas de arbitrariedad

Katopodis apuntó especialmente contra las modificaciones introducidas por el Gobierno nacional durante el proceso licitatorio. De acuerdo con lapresentación, entre diciembre y febrero se emitieron al menos cuatro circulares que alteraron las condiciones originales, incluida una modificación “sin consulta” a pocos días del cierre que incorporó nuevas exigencias técnicas y económico-financieras.

“El Gobierno nacional modificó las condiciones de la licitación a una semana del cierre, introduciendo nuevas exigencias. Es un proceso que presenta arbitrariedades”, afirmó, y remarcó que “se cambiaron las reglas de juego” en un plazo que obligó a reformular ofertas en tiempos exiguos.

En ese sentido, advirtió que “es un proceso que está lejos de ser transparente e íntegro” y explicó que los cambios “afectan la igualdad entre oferentes y la previsibilidad del proceso”, al tiempo que denunció “trato desigual” en la evaluación de las propuestas.

El planteo también cuestiona la interpretación de la experiencia técnica de AUBASA, cuya trayectoria en la gestión de rutas fue objetada bajo argumentos que, según la Provincia, “no se condicen con la realidad operativa de una concesionaria”.

Además, la presentación advierte que el proceso se da en un contexto de “hostilidad política, degradación institucional y persecución económica” contra la Provincia, lo que -según sostienen- obliga a extremar los controles para evitar una eventual “desviación de poder”.

Pedido de intervención y advertencia por “desviación de poder”

Frente a este escenario, Katopodis formalizó un pedido ante el Ministerio de Economía de la Nación para que intervengan como veedores la Defensoría del Pueblo de la Nación y la de la provincia de Buenos Aires. “El objetivo es garantizar que no haya arbitrariedad ni direccionamiento político en la adjudicación”, explicó.

El pedido se enmarca en lo que el Gobierno bonaerense define como un “contexto de hostilidad política y financiera”, que podría derivar en una “desviación de poder” en decisiones administrativas que involucren a empresas provinciales.

En ese marco, el ministro remarcó que AUBASA “cumple con todos los requisitos, tiene experiencia comprobada y presenta la mejor propuesta técnica y operativa”, y subrayó que se trata de una empresa “superavitaria, con indicadores de servicio de primera calidad y que reinvierte todos sus ingresos en obras”.

Se registraron grandes demoras en las rutas, por la cantidad de vehículos que volvieron ayer de las minivacaciones. En la Ruta 2 llegaron a circular 1.860 vehículos por hora y en la Autopista Buenos Aires-La Plata las demoras fueron de no menos de 20 minutos.

Katopodis contrapuso ese esquema con la política nacional en materia vial: “Es la contracara de lo que pasa con las rutas nacionales, que están abandonadas. Hay accidentes todas las semanas y tienen que ver con la falta de inversión”.

Además, cuestionó el modelo de concesión que impulsa la Nación al advertir que podría derivar en “peajes más caros y dolarizados, sin obras”, y afirmó que el Gobierno nacional “no construyó un solo kilómetro de rutas y dejó de ejecutar fondos que por ley debían destinarse a infraestructura”. En ese sentido, recordó que la administración libertaria dejó de ejecutar $6,1 billones destinados por ley a infraestructura.

“El abandono de las rutas y lo oscuro de esta licitación forman parte de un modelo para hacer negocios”, planteó, y aseguró que AUBASA busca “mantener las rutas en condiciones, no generar ganancias”.

Desde la Provincia advirtieron que una eventual exclusión de AUBASA podría afectar la calidad del servicio e impactar directamente en usuarios, sectores productivos y municipios que dependen de estos corredores clave para el transporte y la seguridad vial. “Estamos hablando de rutas clave para la producción, el transporte y la seguridad vial. No podemos permitir que sigan deteriorándose”, señaló Katopodis.

Por último, insistió en la necesidad de un control externo inmediato: “Exigimos la intervención de un tercero que garantice una adjudicación objetiva, verificable y sin discrecionalidad. Está en juego el interés de millones de bonaerenses”.

Cuattromo alertó por la mora y lanzó programas de refinanciación

A su turno, el titular del Bapro, Cuattromo, advirtió sobre el crecimiento de la morosidad en el sistema financiero y lo vinculó con la caída de los ingresos. “La morosidad bancaria llega al 11% y la no bancaria al 27%. Es un problema serio que refleja la caída del empleo y del salario”, señaló.

En ese contexto, anunció nuevas herramientas de refinanciación de deudas con plazos de hasta seis años para familias y siete para empresas, además de tasas especiales para sectores de menores ingresos.

“El primer bimestre se cuadruplicaron las acciones de refinanciación respecto de años anteriores. La gente está profundamente angustiada”, sostuvo.

Bianco cruzó a LLA por la boleta única en la Provincia

En el plano político, el ministro Bianco cuestionó el planteo de dirigentes de La Libertad Avanza para implementar la boleta única en la provincia de Buenos Aires y apuntó a un desconocimiento del funcionamiento institucional.

“Quizá los de La Libertad Avanza todavía no entienden la independencia de los Poderes. Nosotros no podemos modificar el sistema electoral desde el Ejecutivo provincial”, afirmó. Aclaró que cualquier cambio “debería debatirse en la Legislatura” y defendió el sistema actual al recordar que “el último proceso electoral con boleta partidaria fue el más transparente de la historia”.

Además, relativizó los argumentos a favor de la boleta única papel al señalar que “uno de los ejes era que iba a garantizar mayor transparencia, algo que en la práctica ya se verificó con el sistema vigente”.

A la vez, el funcionario cuestionó la política exterior del Gobierno nacional al calificar como “una vergüenza” el sentido de las votaciones argentinas en organismos internacionales. “Argentina vota contra resoluciones vinculadas a derechos humanos, contra la tortura o el derecho a la alimentación. Daña el prestigio del país”, afirmó, y denunció un “alineamiento inmenso con Estados Unidos”.

Por otra parte, tanto él como Cuattromo cuestionaron que funcionarios nacionales hayan tomado créditos en la banca pública mientras el Gobierno impulsa un discurso crítico hacia el Estado. "Es un gobierno que trajo como retórica que todo lo estatal está mal y lo privado bien, decían que iban a privatizar el Nación, pero sus funcionarios se tiran de pechito a sacar créditos allí. Es contradictorio", aseveró Bianco.

Cuattromo, en la misma línea, sostuvo que el Banco Provincia “cumple un rol clave como herramienta de desarrollo” y consideró que ese tipo de situaciones evidencian “la importancia del Estado como motor de políticas públicas”. Además, sostuvo que "lo más honesto sería reconocer que el Estado y la banca pública tienen un rol fundamental como palanca para desarrollar acciones" y completó: "Enhorabuena que el gobierno nacional entienda el rol del estado. Lo vimos con YPF y ahora lo vemos con el Banco Nación".